Contraloría identifica indicios de responsabilidad penal en la contratación de trolebuses eléctricos
La Contraloría identificó incumplimientos en el contrato para la compra de 60 trolebuses eléctricos. Se trata de un proceso suscrito entre la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), dentro del proyecto "Movilidad Sostenible". El análisis se enmarcó entre el 1 de agosto de 2022 y el 30 de abril de 2025.
De acuerdo con el informe, la adquisición de trolebuses se dio sin acatar recomendaciones del SERCOP ni condiciones del proyecto de inversión, omitiendo los procedimientos de contratación pública. La contratación, según la Contraloría, no se efectuó mediante un proceso de subasta inversa, debido a que el alcalde Pabel Muñoz suscribió el Memorando de Entendimiento con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, sin una coordinación previa.
El informe también advierte que el Directorio de la empresa pública, pese a conocer que la gestión se realizaba a través de la UNOPS, no solicitó informes ni aclaraciones que permitieran verificar la conformidad del proceso. Tampoco hizo seguimiento al Plan Operativo Anual aprobado.
Las mesas técnicas entre la EPMTPQ y la UNOPS —previas al acuerdo— carecieron de documentación que respalde cómo se fijaron los costos de implementación e indirectos pagados a la organización, ni los criterios utilizados para definir productos, plazos y condiciones económicas.
Según la Contraloría, ese manejo derivó en un perjuicio de USD 2.5 millones, monto correspondiente a los pagos realizados a la UNOPS sin observar los procedimientos de contratación pública ni los principios de eficiencia, equidad y legalidad.
Unidades con fallas frente al contrato
El informe revela además que los trolebuses adquiridos incumplieron 15 de las 80 especificaciones técnicas fijadas en el contrato. Los funcionarios responsables de aprobar el diseño del prototipo —entre ellos personal técnico y de mantenimiento— lo avalaron sin considerar los parámetros contractuales ni presentar análisis que justificaran las omisiones.
La comisión encargada de la entrega-recepción, integrada por gerentes de distintas áreas y la Coordinadora de Comunicación, tampoco detectó estos incumplimientos. Para la Contraloría, estas fallas comprometieron la integridad y seguridad de los usuarios.
Responsabilidades y acciones legales
A partir de los hallazgos, el organismo de control recomendó responsabilidades civiles por USD 2.5 millones y administrativas por USD 79 mil. Además, determinó indicios de responsabilidad penal, que serán enviados a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.