Michael Aulestia alerta problemas de gobernabilidad tras crisis de movilidad en Quito
La situación responde a la presión de los gremios de transportistas, que demandan un incremento del pasaje hasta USD 0,65, bajo el argumento de una "tarifa técnica" que permita sostener la operación del sistema.
Ante este escenario, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, advirtió que se iniciarán procesos sancionatorios contra las operadoras que no cumplan con la prestación regular del servicio, en medio de un clima de creciente tensión institucional.
En Notimundo a la Carta, el concejal capitalino Michael Aulestia señaló que lo ocurrido refleja un problema estructural en la ciudad, donde los gremios de transporte han adquirido un rol determinante en la toma de decisiones sobre movilidad, por encima del interés ciudadano.
Aulestia enfatizó que la discusión sobre el alza del pasaje se ha convertido en un punto crítico sin salida política. Mientras los transportistas sostienen que el sistema es financieramente insostenible, el Municipio evita concretar un ajuste tarifario debido a su impacto social y al costo político que representa, especialmente en un contexto preelectoral.
Asimismo, indicó que el Concejo Metropolitano enfrenta dificultades para alcanzar acuerdos, lo que ha impedido declarar una emergencia en la movilidad y adoptar decisiones estructurales. A esto se suma, según explicó, la limitada capacidad de acción del órgano legislativo frente a competencias que corresponden directamente al Ejecutivo municipal.
El concejal también cuestionó la falta de avances en la integración del sistema de transporte con la operación del Metro de Quito. Señaló que la ausencia de un esquema unificado de recaudo y de una reorganización de rutas ha generado ineficiencia operativa, duplicación de costos para los usuarios y mayor congestión en la superficie.
Finalmente, Aulestia advirtió que la crisis de movilidad evidencia un problema más profundo de gobernabilidad y planificación, donde las decisiones se han postergado de manera reiterada por factores políticos. No obstante, defendió la autonomía municipal, aunque consideró que una intervención temporal sería justificable en una situación límite.
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