Alerta CONAIE
El Concejo Metropolitano de Quito emitió una resolución en respuesta a las declaraciones de Marlon Vargas sobre "tomarse" la ciudad en caso de que el Gobierno no atienda las exigencias, tras la eliminación del subsidio al diésel.
El documento contiene cuatro artículos entre los que destacan los siguientes:
- Condenar la violencia en todas sus formas, sin importar su origen y donde provenga
- Demandar al Estado y al Gobierno Nacional todas las acciones preventivas para evitar que la ciudad y otras sean focos de violencia
- Solicitar al Alcalde de Quito que se mantenga el estado de alerta a toda la corporación municipal para continuar con protocolos de prevención y precautelar la infraestructura de la capital
- Exhortar a las partes a deponer cualquier actitud beligerante e iniciar diálogos de manera urgente
El concejal Bernardo Abad calificó de "tibia" la resolución adoptada en el organismo metropolitano, especialmente porque no se menciona a Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, principal impulsor de su pronunciamiento de "tomarse" la capital. Esta postura estuvo contemplada en su propuesta de resolución, sin embargo, fue modificada.
Según Abad, lo ideal habría sido condenar las declaraciones de Vargas. Sin embargo, destacó el consenso alcanzado en el Concejo, pese a las diferencias ideológicas y políticas, ante un escenario que podría poner en riesgo a la ciudad.
Quito con un plan de contingencia
Más de 10.600 sitios de infraestructura estratégica se encuentran en Quito, de los cuales 805 fueron blanco de ataques durante las manifestaciones del 2019 y el 2022, según se detalló en la sesión del Concejo. Si bien no se pueden revelar mayores puntualizaciones, Abad señaló que la capital cuenta con un mecanismo para enfrentar eventuales movilizaciones y evitar una paralización de la vida cotidiana.
"Quito tiene un plan de contingencia para evitar que se repitan hechos como los de octubre del 2019 y junio del 2022", dijo.
Según el concejal, existe una coordinación activa entre el Municipio y las Fuerzas del Orden para precautelar la integridad de la capital, ante la eventual llegada de manifestaciones. Señaló que, de ser el caso, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Pública estipula que todas las instituciones uniformadas deben ponerse a la orden del Jefe del Comando de las Fuerzas Armadas, es decir, agentes metropolitanos.
A esto, precisó, se suman entre 6 mil y 7 mil funcionarios que gestionarán servicios estratégicos como el agua potable, el saneamiento, entre otras actividades.
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