La normativa, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 20 de febrero, limitaría la capacidad financiera del Municipio de Quito para sostener el funcionamiento de sus unidades educativas y afectaría a la prestación del servicio.
En NotiMundo al Día, Zadkiel Cárdenas, secretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), advirtió que con la nueva Ley no solo se pone en riesgo a 27.000 estudiantes que conforman el sistema municipal, sino servicios sociales, como el '60 y Piquito' o de la Unidad de Bienestar Animal (UBA).
"Estamos hablando, incluso, de la posibilidad de afectar la sostenibilidad en el cobro del pasaje de la Ecovía, Trole y el Metro", agregó.
Recordó que la educación municipal tiene 132 años funcionando y destacó que durante los últimos años se ha logrado potenciarla y ordenarla. "Lo que hace esta terrible Ley es no entender que el salario de profesores, doctores y más son inversiones", apuntó.
Su esperanza es que la Corte Constitucional (CC) reaccione con celeridad ante las demandas de inconstitucionalidad que se están presentando contra la Ley. "El 80% de la nómina del Municipio son brindadores de servicios directos y el otro 20% es quien permite que las cosas funcionen", dijo.
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