Tensiones comerciales
El pulso comercial entre Ecuador y Colombia suma un nuevo capítulo, y esta vez se siente directamente en la frontera. Desde el 1 de mayo de 2026, el país empezó a cobrar una tasa del 100 % a las mercancías que ingresen desde territorio colombiano, una decisión que combina argumentos técnicos, tensiones acumuladas y un claro mensaje político.
La medida no aparece de la nada. Detrás hay meses de reclamos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), que sostiene que existe una "omisión sistemática" en los controles de salida desde Colombia. En otras palabras, Ecuador asegura que está asumiendo riesgos y costos que no le corresponden en la cadena logística, lo que ha obligado a reforzar su propio sistema de control.
Con esa base, la nueva tasa, que se calcula sobre el valor en aduana de los productos, busca cubrir ese vacío. No es un arancel tradicional, sino un cobro por servicios de control aduanero que, en la práctica, encarece significativamente las importaciones desde el vecino país.
El alcance es amplio. Aplica a personas naturales y jurídicas que ingresen mercancías bajo distintos regímenes aduaneros, aunque existen excepciones: por ejemplo, bienes en tránsito, reimportaciones, ciertos regímenes especiales o sectores estratégicos como el energético pueden quedar fuera o tener tarifa 0 %.
Las nuevas tasas de Colombia hasta 75 %
Pero el contexto regional vuelve la medida aún más sensible. Apenas días antes, el 28 de abril de 2026, Colombia emitió el Decreto 0455, elevando sus aranceles a productos ecuatorianos con rangos de 35 %, 50 % y hasta 75 %. Es decir, ambos países han endurecido sus condiciones comerciales casi en simultáneo, en un escenario que tensiona la relación bilateral.
En ese tablero, la decisión ecuatoriana también se presenta como un mecanismo de defensa. La tasa no solo apunta a la recaudación fiscal, sino a reforzar la seguridad de la cadena logística, obligando a que todas las mercancías pasen por canales de control más estrictos: físicos, documentales o no intrusivos.
¿Dónde se canaliza el cobro?
El procedimiento tampoco deja margen de maniobra. La liquidación del valor estará a cargo de la Aduana, mientras que el cobro se canalizará a través del Servicio de Rentas Internas. Sin el pago confirmado, las mercancías no podrán salir, lo que convierte a esta tasa en un paso obligatorio dentro del proceso de importación.
Más allá de lo técnico, la medida refleja un problema de fondo: la fragilidad de los mecanismos de control compartidos en la región andina. Cuando uno falla, el otro responde, y el costo termina trasladándose al comercio.
En medio de ese cruce de decisiones, importadores, exportadores y consumidores quedan en la mitad. Porque cada ajuste en la frontera, por más técnico que parezca, termina teniendo un efecto directo en precios, competitividad y flujo de productos.
Lo que está en juego ya no es solo una tasa. Es el equilibrio de una relación comercial que, por ahora, se mueve más por reacción que por coordinación.