La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, tras un operativo militar ejecutado por Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero de 2026, provocó una ola de reacciones en América Latina y el resto del mundo, evidenciando profundas diferencias políticas frente a la crisis venezolana y al rol de Washington en la región.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro rechazó la intervención armada y sostuvo que los conflictos internos deben resolverse mediante el diálogo y la paz, sin injerencias externas. Una postura similar asumieron Brasil y México. El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que los bombardeos y la captura de un jefe de Estado cruzan un límite peligroso y amenazan la estabilidad regional, mientras que el Gobierno mexicano condenó las acciones militares y pidió respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
En contraste, Argentina celebró el operativo. El presidente Javier Milei respaldó públicamente la acción de Estados Unidos, y la Cancillería argentina calificó la captura de Maduro como un avance contra el narcotráfico y una oportunidad para que Venezuela inicie una transición democrática conforme a la voluntad popular expresada en las urnas.
Desde Chile, el presidente Gabriel Boric expresó preocupación por el uso de la fuerza y reiteró que la crisis venezolana debe resolverse por vías pacíficas y multilaterales. Uruguay también rechazó la intervención militar, señalando que los Estados deben abstenerse de emplear la fuerza contra la soberanía de otros países.
En el Caribe, Trinidad y Tobago negó cualquier participación en el operativo y subrayó que mantiene relaciones pacíficas con Venezuela. Cuba, por su parte, condenó duramente el ataque y lo calificó como un acto de agresión, exigiendo una respuesta urgente de la comunidad internacional.
Otros países de la región, como Panamá, manifestaron su respaldo a una transición democrática ordenada, mientras que en Europa, líderes como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamaron a la desescalada y al respeto del derecho internacional. El Reino Unido se deslindó de la operación militar y reiteró su rechazo a la violencia como mecanismo de solución.
Desde Rusia, la reacción fue de condena absoluta, calificando la acción como una agresión armada, mientras que la Unión Europea reiteró que no reconoce la legitimidad de Maduro, pero insistió en que cualquier acción debe ajustarse a las normas del derecho internacional. China, en tanto, pidió a sus ciudadanos evitar viajes a Venezuela y extremar precauciones.
El operativo estadounidense y la detención de Maduro han reconfigurado el tablero político regional y global, abriendo un nuevo capítulo de incertidumbre sobre el futuro de Venezuela y el equilibrio diplomático en América Latina.
