Según Moraes, Bolsonaro no actuó solo: otros siete procesados, entre exministros y antiguos jefes militares, también habrían participado en la trama, cuya discusión sobre penas se dará en sesiones futuras de la Primera Sala del Supremo. Los cargos incluyen intento de abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio protegido.
El relator señaló que la campaña de Bolsonaro comenzó en junio de 2021, con mensajes que sembraban dudas sobre el sistema electoral y promovían la idea de fraudes en los comicios de 2022. La investigación documenta que esta estrategia estuvo impulsada por el llamado "gabinete del odio", una estructura de difusión de desinformación operada desde el palacio presidencial.
Tras los comicios, la planificación del golpe continuó: se discutieron decretos para intervenir el Poder Judicial, se organizaron bloqueos de carreteras y campamentos frente a cuarteles del Ejército, y se promovió la marcha que terminó con el asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023.
Moraes aseguró que todo quedó probado incluso por testigos de algunas defensas, quienes confirmaron que los planes fueron coordinados por Bolsonaro, a quien calificó de "líder de una verdadera organización criminal".
El juicio histórico puede convertirse en el primero en la historia de Brasil en llevar a prisión a un expresidente por un intento de golpe de Estado. Bolsonaro ha recibido apoyo internacional de líderes de la ultraderecha, entre ellos Donald Trump, y Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas contra Moraes y otros jueces del Supremo brasileño.