El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, informó este viernes que el Gobierno ha decidido aumentar la protección del presidente Gustavo Petro debido a riesgos identificados en su contra. Esta decisión responde a un contexto de tensión política creciente y a lo que las autoridades consideran una amenaza constante sobre el mandatario.
Durante una declaración a medios, Sánchez Suárez señaló que la seguridad del jefe de Estado será reforzada no solo con personal adicional, sino también con acciones coordinadas entre distintas fuerzas del Estado, incluyendo operaciones de inteligencia, patrullaje aéreo y despliegues tácticos en cada visita oficial que realice el presidente.
"Se han implementado nuevas estrategias de protección para anticiparse a cualquier eventualidad. El presidente, como líder del Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, requiere una cobertura de seguridad total", afirmó el funcionario.
El plan contempla la intervención de unidades especializadas como el Batallón Guardia Presidencial, el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas y los equipos antiterroristas urbanos, que operarán junto con la Policía Nacional y el servicio de inteligencia estatal.
Además, se desplegarán aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y se fortalecerán los anillos de seguridad en los recorridos que el presidente realice por el país.
"Cada movimiento del presidente es cuidadosamente planeado. Contamos con un protocolo detallado que busca neutralizar cualquier tipo de amenaza, por mínima que sea", añadió el ministro.
Sánchez Suárez enfatizó que aunque muchos detalles del operativo son confidenciales, existe un compromiso firme para garantizar la integridad del presidente y asegurar que pueda ejercer sus funciones sin interferencias.
Este anuncio se produce semanas después de un hecho que marcó un punto crítico en la escala de tensión política: el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio, y que dejó al político en estado grave en una clínica de Bogotá. El hecho encendió las alertas dentro del Gobierno sobre la necesidad de reforzar las medidas de protección de altos funcionarios.
