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El juez Alvin Hellerstein fijó inicialmente la audiencia para dar tiempo a los abogados de Maduro y su esposa, Cilia Flores de Maduro, a revisar las pruebas, elaborar un calendario para las mociones legales y, potencialmente, fijar una fecha para el juicio.
En un giro inesperado dentro de este caso ya de por sí inusual, el abogado de Maduro, Barry Pollack, declaró el mes pasado que tendrá que retirarse si Estados Unidos no permite que el Gobierno de Venezuela pague sus honorarios legales.
Maduro y su esposa fueron capturados en su residencia presidencial en Caracas a principios de enero en una sorprendente operación nocturna llevada a cabo por las fuerzas militares y del orden estadounidenses, y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos.
Pollack afirmó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro otorgó y posteriormente revocó una licencia que permitía al Gobierno venezolano pagar sus honorarios legales.
Tanto los Maduro como el Gobierno venezolano están sancionados por Estados Unidos, por lo que cualquier persona que solicite un pago debe obtener una licencia para evitar infringir las leyes de sanciones estadounidenses.
Según el abogado, la revocación viola el derecho constitucional de Maduro a defenderse de los cargos. El abogado de Flores de Maduro se sumó a la moción. Si el juez no desestima el caso, solicitan una audiencia para analizar el proceso de toma de decisiones del Gobierno.
Los fiscales afirmaron que la licencia inicial de la OFAC fue un "error administrativo" y que aún permiten a los Maduro acceder a sus fondos personales en Venezuela para cubrir sus gastos legales.
"Sin embargo, la OFAC ha denegado la solicitud de los acusados de una excepción adicional: permitirles pagar sus honorarios legales con fondos ilícitos controlados por un Gobierno sancionado. Esto se debe a que las regulaciones de la OFAC prohíben expresamente el uso de fondos de una entidad sancionada para pagar los honorarios de los abogados de otra persona sancionada", escribieron los fiscales en un documento judicial en el que se oponían al sobreseimiento de la acusación.
Los abogados afirman que Maduro tiene una batalla cuesta arriba por delante.
"Dado a que no se le reconoce como líder de Venezuela y todo el régimen de sanciones tiene como objetivo aislarlo, es poco probable que el tribunal considere que tiene derecho a recibir dinero para financiar su defensa penal", opinó Duncan Levin, un exfiscal especializado en derecho de sanciones.
Maduro no se quedaría sin representación legal. Según la ley estadounidense, tiene derecho a un abogado de oficio.
Los Maduro se han declarado inocentes de los cargos de conspiración para la importación de armas y cocaína que, según la fiscalía, abarcan más de 25 años, y se encuentran bajo custodia federal en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Pollack ya ha dado a entender que impugnará la legalidad del arresto de Maduro y argumentará que goza de inmunidad judicial porque la presunta conducta ilegal ocurrió mientras era presidente.
Maduro fue elegido presidente de Venezuela por primera vez en 2013. Sin embargo, el Gobierno estadounidense, junto con decenas de otros países, no lo ha reconocido como el líder legítimo del país desde las elecciones presidenciales de 2018.
Este año, tras la destitución de Maduro, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela.
A principios de enero, las fuerzas estadounidenses irrumpieron en el complejo presidencial, se enfrentaron en un intenso tiroteo con las defensas aéreas venezolanas y capturaron a Maduro y a su esposa en su residencia fuertemente fortificada.
Los abogados afirman que, si bien la captura y el arresto de Maduro fueron extraordinarios, la legislación estadounidense está bien establecida.
"Según la Constitución de Estados Unidos, es el presidente quien decide a quién reconocer como jefe de Estado, y estoy completamente seguro de que un tribunal estadounidense no va a cuestionar la decisión de Estados Unidos de que Maduro ya no es jefe de Estado", declaró William Dodge, profesor de derecho internacional en la facultad de derecho de la Universidad George Washington.
"Su secuestro fue ilegal según el derecho internacional", señaló, pero agregó: "En Estados Unidos está bastante claro que la ilegalidad de llevar a alguien ante un tribunal no afecta la jurisdicción del mismo".
Dodge también se muestra escéptico ante las afirmaciones de Maduro de gozar de inmunidad por su conducta mientras estuvo al frente del país.
"El narcotráfico no es un delito oficial", afirmó.
Fuente: CNN en Español