Rodrigo Paz asume la Presidencia de Bolivia con el desafío de equilibrar pragmatismo y estabilidad social
El 8 de noviembre, Rodrigo Paz Pereira asumirá oficialmente como presidente de Bolivia con la presencia de varios mandatarios en la ceremonia de investidura.
José Peralta, analista político de Bolivia, consideró que el nuevo gobierno de Rodrigo Paz representará un giro desde una agenda ideológica hacia una perspectiva más pragmática. Este cambio se refleja en la reapertura de Bolivia hacia el mundo tras años de aislamiento ideológico, especialmente con países como Venezuela y Cuba, y un acercamiento renovado a potencias económicas tradicionales como Estados Unidos y Europa. Un ejemplo de esto, dijo, fue el evento realizado en Santa Cruz con la participación de 400 empresarios nacionales e internacionales.
No obstante, Peralta advirtió que este cambio será gradual para no afectar programas sociales que la población ha recibido durante los últimos 20 años, y anticipó un nuevo énfasis en la incentivación del sector privado, tanto formal como en proceso de formalización, buscando garantizar seguridad jurídica y combatir la inseguridad respecto a la propiedad y la actividad económica.
Por otro lado, analizó la propuesta de Paz de descentralizar el poder económico mediante un esquema equitativo 50-50 entre regiones y gobierno central, frente al esquema actual de 80-20. Esto implicaría impulsar el federalismo, una idea revolucionaria que podría empoderar las regiones y resolver conflictos de autonomía. Sin embargo, reconoció que esta visión debe venir acompañada de un avance en la seguridad jurídica para atraer inversión privada.
Con respecto al parlamento fragmentado, Peralta explicó que la representación de los sectores populares e indígenas, predominante en gobiernos anteriores, se ha reducido significativamente, lo que genera una dinámica de negociación compleja.
Además, advirtió que sectores opositores encabezados por el expresidente Evo Morales podrían generar resistencia desde la calle y bloqueos ante políticas que cambien la asistencia social o la política económica, lo que añade un riesgo latente de protesta social. Esta tensión, consideró, se mezcla con la necesidad de consolidar una gobernabilidad que contemple estos actores diversos y sus intereses.
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