El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la implementación de un arancel global del 10 % que entraría en vigencia en un plazo de tres días, como respuesta inmediata al reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que restringió parcialmente los gravámenes aplicados por su administración.
Horas después de la decisión judicial, el mandatario adelantó que firmará una orden ejecutiva para poner en marcha la medida, la cual se sumará a los aranceles ya existentes. Además, anticipó el inicio de nuevas investigaciones comerciales dirigidas a contrarrestar prácticas que considera perjudiciales para la economía estadounidense.
Para respaldar esta estrategia, Trump señaló que recurrirá a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, normativa que permite aplicar tarifas temporales de hasta el 15 % por un periodo limitado. Según explicó, esta vía le permitiría mantener su política comercial pese a las restricciones impuestas por la justicia.
El mandatario también mencionó otras herramientas legales, como la Sección 301, así como leyes históricas que han ampliado las facultades presidenciales en materia comercial, entre ellas la Ley de Expansión Comercial de 1962.
Desde el ámbito judicial, la Corte determinó que el Ejecutivo no puede imponer aranceles bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional sin la aprobación del Congreso, al considerar que estas medidas tienen carácter tributario.
Pese a ello, Trump cuestionó la interpretación del tribunal y aseguró que su Gobierno cuenta con mecanismos alternativos para continuar con su agenda económica, aunque reconoció que el proceso será más complejo.