Uruguay no puede recibir a un prófugo y "corrupto": diputado cuestiona reuniones entre autoridades del Gobierno y Rafael Correa
Desde el 16 de marzo, el expresidente de la República, Rafael Correa, está de visita en Uruguay. La presencia del exmandatario generó opiniones divididas en cuando a su perfil como figura de la izquierda latinoamericana y por la sentencia que pesa en su contra por cohecho pasivo agravado en el caso Sobornos 2012-2016. Ocho años de prisión es la pena que debería pagar Correa en la justicia ecuatoriana, sin embargo, reside en Bélgica sin una orden de captura internacional para evadir la condena.
Según medios locales, en su visita a Uruguay, Correa se reunió con la Vicepresidenta de la República y Ministros de Estado del Gobierno de Yamandú Orsi. Además, mantuvo encuentros con autoridades del Frente Amplio, el partido del Ejecutivo.
Para el diputado Felipe Schipani, es "absolutamente improcedente" que autoridades del Gobierno uruguayo reciban a Rafael Correa, pese a los vínculos históricos que mantiene su país con Ecuador. Consideró que, al ser el exmandatario un "prófugo de la justicia ecuatoriana", el mensaje que enviaría Uruguay es el desconocimiento a las resoluciones judiciales de otros países.
Los cuestionamientos, según Schipani, no apuntan a la presencia de Correa en Uruguay, sino a la apertura del Ejecutivo ante una figura cercana en términos ideológicos que ha evadido la justicia de su país. A su criterio, esta actitud podría marcar "un antes y un después" en el manejo de la política exterior uruguaya que, históricamente, respetó el derecho internacional.
"El Gobierno de Uruguay no puede recibir a alguien que es prófugo de la justicia de un país hermano, como lo es el Ecuador", insistió.
De acuerdo con Schipani, la indignación en Uruguay es creciente al ver cómo representantes del Gobierno se reunieron con "un corrupto" -al referirse a Rafal Correa-. Consideró que, quienes mantuvieron un diálogo con el expresidente ecuatoriano, deberán asumir la responsabilidad política de sus actos.
"Sería una forma de legitimar lo que hace Correa y no respetar a un Estado democrático o la justicia independiente como la ecuatoriana", enfatizó.
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