Caso Malvinas: Información "relevante y trascendente" podría aportar en una cooperación eficaz, dice abogado de militar procesado
La Fuerza Aérea pidió la revocatoria de la prisión preventiva para los 17 militares procesados en el caso por presunta desaparición forzada de los cuatro niños de Las Malvinas. La solicitud ocurre al mismo tiempo que se buscaba instalar la audiencia preparatoria de juicio. La diligencia, que estuvo fijada para este jueves, fue diferida para el 10 u 11 de agosto, tentativamente. Esta dilación se dio luego del ingreso de nueva documentación al expediente, y la Fiscalía solicitó más tiempo para analizar los elementos recabados.
De los 17 procesados, cinco de ellos buscarán acogerse al programa de víctimas y testigos de la Fiscalía, para conseguir una sentencia reducida. De acuerdo con la defensa de dichos militares, estos habrían revelado quiénes agredieron a los menores, quiénes presenciaron el hecho y las directrices bajo las que actuaron.
La investigación se remonta al 8 de diciembre del 2024, cuando Josué, Ismael, Nehemías y Steven fueron reportados como desaparecidos. 16 días más tarde, cuatro cuerpos calcinados fueron hallados en la parroquia de Taura y, el 31 de diciembre, se determinó que los cadáveres correspondían a los cuatro niños, en un hecho que vincula a militares de la Fuerza Aérea.
Vladimir Porojnia, abogado del soldado Cristian Campiña Quishpe, señaló que su defendido tendría información "relevante y trascendente" para la investigación, en el marco de la posibilidad de acogerse a una cooperación eficaz con la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con el jurista, el procesado "estuvo en el día y lugar equivocado", cuando ocurrió la detención de los cuatro niños por parte de la patrulla militar. Se trata de un soldado técnico de aviación, que recibió el pase a la zona dos o tres días antes del suceso clave en el caso Malvinas.
"Si lo ponemos de forma gráfica y comprensible, era la última rueda del coche", sostuvo.
Su labor, el día de los hechos, fue dar escolta a la patrulla, sin capacitaciones en derechos humanos, según manifestó Porojnia. Un punto clave, en el caso, según el abogado, son las órdenes que recibía el soldado por parte de sus superiores, que, para entonces, sumaban alrededor de 15. Por esta razón, dijo, se solicitó la inclusión de peritajes de roles y estructura militar para robustecer de pruebas el expediente.
Al momento de la detención de los menores, el uniformado se encontraba en otra camioneta, sin embargo, supo el recorrido que realizaron los dos vehículos. De acuerdo con Porojnia, el procedimiento alcanzó fallas cuando los militares dejaron a los niños en la vía, sin mayores conocimientos en derechos humanos, o como parte del proceso, su traslado a una Unidad de Policía Comunitaria.
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