Comercialización ilegal combustible
La Fiscalía del Estado pidió este sábado 21 de junio que se llame a juicio a 16 personas naturales y 6 empresas vinculadas al Caso Triple A, argumentando que habrían participado en una trama de venta ilícita de combustibles. Entre los acusados se incluye al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
La petición de juicio, prevista para reinstalarse a las 09h00 del domingo 22 de junio, se fundamenta en más de 250 pruebas, recopiladas por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción durante la investigación.
Este proceso se originó a raíz de una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos del Guayas, que alertó sobre discrepancias entre el volumen despachado por Petroecuador y el registrado por las empresas implicadas.
De acuerdo con los peritajes, el presunto fraude alcanzaría aproximadamente $61 502 658,39, equivalentes a 22 777 191,80 galones de combustible (diésel y gasolina). Además, se constató que la capacidad de almacenamiento de las estaciones no coincidía con lo adquirido, y que se realizaron transacciones no autorizadas en varios casos.
"Los elementos de convicción presentados, documentos de contratos y normativa legal vigente, evidencian que las empresas comercializadoras y sus representantes legales tenían la obligación de verificar que los distribuidores autorizados no desviaran el combustible subsidiado, entregado por Petroecuador, hacia segmentos no autorizados", dice la Fiscalía en su publicación.
Y agrega:
"Finalmente, los informes periciales establecen también irregularidades en la venta de combustible por parte de estaciones de servicio ubicadas en zonas fronterizas y sectores con presencia de minería ilegal. En algunos casos, se habría registrado la venta de grandes cantidades de diésel y gasolina a un mismo vehículo, volumen compatible con su capacidad operativa."
Caso Triple A: ¿Qué ha dicho el alcalde Aquiles Alvarez?
El 13 de junio, la Fiscalía formalizó la acusación contra Aquiles Álvarez por presunto almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles, tras la desestimación de pedidos de nulidad por parte del juez. Durante la diligencia, Álvarez asistió confiado y afirmó que las pruebas presentadas "destruyen su propia teoría".
"Las denuncias son con documentos forjados y no hay ninguna prueba (...) todas las pericias nos dan como inocentes", declaró el alcalde en esa ocasión, señalando que ha sido vinculado y procesado "injustamente".
El origen del Caso Triple A
Este caso se dio a conocer el 11 de julio de 2024, tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables al Gobierno de Noboa. Se investiga el presunto desvío de combustibles subsidiados para ser vendidos en países vecinos a precio de mercado, eludiendo el beneficio estatal.