Defensa de Aquiles Alvarez espera sentencia favorable en el caso Triple A: "Sería vergonzoso que se sustente un delito inexistente"
La fiscal Ruth Amoroso acusó en calidad de autores directos a siete personas y seis empresas; a otros siete los señaló de coautores; y a otro más como cómplice. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y Petroecuador respaldaron la teoría de Fiscalía, mientras que la defensa del alcalde la cuestionó.
Luego de escuchar a cada de uno de los abogados de los procesados, la fiscal Ruth Amoroso no hizo uso de su réplica.
La audiencia de juicio contra 15 personas y 6 empresas procesadas se reinstaló la mañana de este domingo 02 de agosto y, tras más de 12 horas, el tribunal suspendió la diligencia y entró en etapa de deliberación.
El presidente del Tribunal, Jorge Sánchez, informó que se notificará por escrito la fecha y hora en la que se instalará la audiencia para dar a conocer el fallo de forma oral.
El delito de comercialización ilegal de combustibles se sanciona con una pena de tres a cinco años de cárcel, pero la Fiscalía solicitó al tribunal considerar los agravantes.
En NotiMundo al Día, Ramiro García, abogado de Aquiles Alvarez, señaló que en este proceso no se han presentado pruebas que determinen actos cometidos por su defendido, respecto del delito que se lo acusa, sino que se lo imputa en su calidad de representante legal de las compañías señaladas.
"No se hizo una diferenciación adecuada entre la responsabilidad personal y su eventual responsabilidad como representante legal de las compañías", sostuvo.
Además, aseguró que en la audiencia de juicio quedó demostrado que la Fiscalía sustenta su acusación en un texto normativo inexistente, para imputar el delito de comercialización ilícita de combustibles en frontera.
García recordó que el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) fue reformado en junio de 2025, y en octubre de ese año, la Corte Constitucional (CC) echó abajo la reforma, con carácter retroactivo.
"En eso se centró la acusación de la Fiscalía: en tratar de demostrar que hubo venta de combustibles en segmentos diferentes sin autorización", explicó.
El abogado insistió en que el texto del artículo no se encuentra vigente, pues fue declarado inconstitucional. "Pese a esto, Fiscalía y acusación insistieron insistieron en tratar de centrar su activivad probatoria y su argumentación alrededor de ese tema", apuntó.
García explicó que en el caso de las empresas representadas por Alvarez, todas contaban con las debidas autorizaciones, y recordó que cada galón que se vende es adquirido a Petroecuador, con los controles y protocolos establecidos.
A esto se suma que las empresas de Alvarez están ubicadas en Guayaquil y no en zona de frontera, por lo que García consideró que esto es una prueba más de la persecución política que existiría en contra del alcalde.
El jurista espera que con esto el tribunal emita una sentencia favorable donde se ratifique la inocencia de Alvarez.
"No está sustentado el pedido de pena máxima, sino que tampoco está sustentada mínimamente la imputación", manifestó.
Recordó, además, que la fiscal Ruth Amoroso no fue quien inició el proceso, sino que tuvo que hacerse cargo de una causa "dañada y contaminada" que venía del fiscal Carlos Alarcón, acualmente encargado como máxima autoridad de la institución.
Sobre la abstención de Amoroso para hacer uso de la réplica a los alegatos de las defensas, García consideró que esto fue una estrategia para evitar la contrarréplica. "Lo que hizo fue ahorrarse un papelón", sostuvo el abogado.
Además de haber imputado al alcalde con un texto normativo que no está vigente, se suma el hecho de que las pericias y testigos de la Fiscalía "destrozan" su teoría del caso y dan la razón a las defensas, y que no se ha probado el perjuicio económico al Estado ecuatoriano.
Finalmente, García señaló estar confiado en el derecho y en que se ha demostrado "hasta la saciedad" la inocencia de Alvarez y la inexistencia de cualquier delito, por lo que el equipo jurídico del alcalde espera un dictamen a su favor.
No obstante, recordó que esto no significaría que la autoridad recupere su libertad, pues a raíz del caso Triple A se iniciaron los casos Goleada y Grillete.
En caso de no tener una decisión favorable, anunció que harán uso de todos los recursos disponibles.
"Sería vergonzoso que se sustente la existencia de un delito que por ningún lado aparece", sentenció.
Mira la entrevista completa:
Escucha la entrevista completa: