Errores y "barbaridades" en el caso Goleada sustentan una medida "arbitraria" de prisión preventiva contra Aquiles Alvarez, cuestiona su abogado
El próximo 2 de marzo, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, enfrentará la audiencia de apelación a la prisión preventiva dictada en su contra en el caso Goleada. Desde el 12 de febrero, Alvarez permanece recluido en la cárcel de Latacunga, mientras que sus hermanos en la cárcel del Turi, tras ser procesados junto con otras ocho personas por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
La expectativa de Ramiro García, abogado de los hermanos Alvarez, es que se actúe con independencia para rebatir la orden de prisión preventiva contra los implicados que, a su juicio, incumple todos los estándares constitucionales y convencionales. Esto, en medio de una serie de errores y "barbaridades" cometidas a lo largo del proceso.
En caso de no concederse la revocatoria de la prisión preventiva, García anticipó garantías constitucionales que amparan al Alcalde de Guayaquil, pero su pedido es uno solo: que se haga justicia.
Además, insistió en que no existirían argumentos para, en el caso de Alvarez, dictar prisión preventiva. Sus presentaciones periódicas en el caso Triple A, su condición de autoridad local, la prohibición de salir del país y una agenda pública de amplio conocimiento de la ciudadanía son, según García, puntualizaciones suficientes para evitar un dictamen de prisión preventiva.
"Ecuador va a constatar lo ilegítimo y arbitrario de la prisión preventiva dictada en contra de Aquiles Alvarez, sus dos hermanos y dos personas más que no tienen nada que ver con la comisión de delitos", dijo.
El caso Goleada, según García, es "nulo" desde su origen. Explicó que, la investigación arrancó en diciembre del 2025 sin que los implicados reciban una notificación. A esto, le sigue que el juez a cargo de la causa sea Jairo García, uno de los investigados penalmente y disciplinariamente en el caso Fachada, relacionado a una presunta delincuencia organizada y tráfico de influencias.
Recordó que, el pasado 10 de febrero, Alvarez y el resto de procesados fueron trasladados desde Guayaquil hasta el Complejo Judicial Norte de Quito y no fue sino a la medianoche cuando se les formuló cargos. Esa hora, dijo, coincidió con el inicio del turno del juez García.
En cuanto a la investigación, García cuestionó que la teoría del caso de la Fiscalía se sostenga en hechos similares a los del caso Triple A. Lamentó que, un "cúmulo de conductas" cometidas de hace 5 o 6 años sea parte de una investigación actual, y más cuestionable aún, al salir de un testigo clave, también vinculado a la trama por presunta comercialización irregular de combustibles.
Insistió en que las comercializadoras solo pueden requerir el combustible solicitado por una estación de servicio o un cliente industrial o naviero, y no de manera arbitraria, tal y como se apunta a los procesados en el denominado caso Goleada.
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