Seguridad
El asesinato del abogado José Luis Merchan Perero, secretario de la Unidad de Delitos Acuáticos de la Fiscalía de Salinas, se suma a la ola de atentados contra funcionarios judiciales en Ecuador.
El crimen ocurrió pasadas las 08:00 del 17 de agosto de 2026. La víctima falleció en su vehículo, en los exteriores de la institución, tras ser atacada a tiros por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.
El hecho provocó la reacción de la Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF), la cual recordó que este no es un suceso aislado, sino que "se suma a un alarmante patrón de ataques mortales contra fiscales, secretarios y demás operadores judiciales".
"La falta de respuestas efectivas y de políticas integrales de protección por parte de los órganos competentes no solo vulnera la vida e integridad física de los funcionarios y sus familias, sino que debilita al Estado de derecho, compromete la independencia judicial y favorece el avance del crimen organizado", manifestó la FLF.
En el documento, publicado el 19 de agosto, la Federación recordó que "existen compromisos y obligaciones internacionales que mandatan al Estado a garantizar la seguridad de los integrantes del Ministerio Público".
Además de demandar una investigación a fondo para que se sancione a los responsables de la muerte violenta de Merchán y de que se adopten medidas de protección a los funcionarios judiciales, la FLF advirtió que acudirá a los tribunales y mecanismos internacionales de derechos humanos para exigir la determinación de las responsabilidades estatales derivadas de la inacción e incumplimiento del deber de protección.
En NotiMundo al Día, Pablo Encalada, abogado penalista, recordó que estos ataques han sido recurrentes durante los últimos años, lo que da cuenta de que la seguridad de los operadores de justicia no se está tratando con la seriedad que amerita.
En contraste, dijo, existen funcionarios públicos que cuentan equipos de seguridad, autos blindados, entre otras protecciones, lo que lleva a reflexionar sobre si en Ecuador se están canalizando los recursos del Estado para quienes en realidad lo necesitan.
Encalada explicó que una de las alternativas que se han encontrado en el mundo para proteger a este sector es la de los tribunales concentrados, algo que ya se hizo en Ecuador, moviendo de locación a jueces de zonas conflictivas y trasladándolos a la capital.
"Sucede que en la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado es en donde hemos tenido los mayores problemas de vulnerabilidad y falta de apoyo por parte de las autoridades del Poder Judicial".
Un claro ejemplo de esto es el caso del juez Carlos Serrano, quien, tras denunciar presiones para favorecer a un narcotraficante, no le brindaron seguridad y tuvo que exiliarse en el extranjero.
Encalada insistió en que, para garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales, primero debe existir voluntad política y acciones concretas.
"Cuando hay una llamada desde Carondelet, el Poder Judicial se desespera por servir; cuando llaman sus funcionarios, diciendo que están en peligro, tendría que ser un nivel de atención inmediata y no un trámite democrático".
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