Fiscalía pide 34 años y ocho meses de cárcel para autores directos
La audiencia de juicio por el caso Las Malvinas, en el que 17 militares están procesados por la presunta desaparición forzada de cuatro menores en Guayaquil, se retomó este lunes 8 de diciembre de 2025. La jornada estuvo marcada por el inicio de los alegatos de cierre a cargo del fiscal Christian Fárez, quien expuso las conclusiones de la investigación y comenzó a detallar la participación individual de los acusados.
Pasado el mediodía, la Fiscalía formalizó su pedido de 34 años y ocho meses de prisión para un sargento, un oficial y un cabo, a quienes señala como presuntos autores directos del delito. El ente acusador adelantó que, durante esta diligencia, ampliará su solicitud de pena para el resto de los procesados.
Además, la Fiscalía pidió al Tribunal una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados —aproximadamente USD 376 000— destinada al Consejo de la Judicatura, así como una reparación simbólica de USD 10 000 para las familias de los menores. Sin embargo, los representantes legales de las víctimas solicitaron que ese monto se eleve a USD 100 000 por cada procesado, argumentando la gravedad del caso.
En contraste, las defensas de los militares insistieron en que sus clientes no participaron en la muerte de los cuatro menores, y sostuvieron que la responsabilidad recaería en bandas criminales que operaban en ese sector.
La diligencia coincide con un día particularmente sensible: se cumple un año de la desaparición y posterior asesinato de Josué e Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda, tres adolescentes y un niño de entre 11 y 15 años. Los menores fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024, cuando dos patrullas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) los retuvieron en la avenida 25 de Julio, en el sector Las Malvinas, al sur de la ciudad. Semanas después, el 24 de diciembre, sus cuerpos fueron hallados en una zona rural de Taura, y el 31 de diciembre se confirmó oficialmente su identidad.
