Correísmo
La Revolución Ciudadana negó haber recibido dinero desde el extranjero para el financiamiento de sus campañas, luego de los allanamientos realizados por la Fiscalía esta madrugada en el marco del caso Caja chica, que investiga un presunto lavado de activos.
Las viviendas intervenidas fueron las de Luisa González, expresidenta del movimiento, Andrés Arauz, secretario general del correísmo, el asambleísta Patricio Chávez y la exsuperintendente de Compañías, Suad Manssur, donde la Fiscalía halló indicios como celulares, pasaportes, memorias USB y documentos. La causa apunta al presunto ingreso de dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para el financiamiento de la campaña presidencial del 2023, algo que fue rechazado por Luisa González durante una rueda de prensa.
González también elevó acusaciones a Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas y exintegrante de la Revolución Ciudadana. Señaló que, en caso de existir irregularidades en las finanzas del correísmo, dicha responsabilidad recaería sobre Aguiñaga, quien fue presidenta de la organización política.
Entre los investigados constan también el expresidente Rafael Correa, Bibian Hernández, Patricio Rivera y Fausto Herrera. Sin embargo, la Fiscalía no ha informado de allanamientos a domicilios al resto de los involucrados.
Un "show" para cubrir escándalos
Jahiren Noriega, asambleísta por la Revolución Ciudadana, señaló que la "persecución política" a la organización no es nueva, sino que data desde el 2018. A su criterio, el reciente proceso penal que involucra a miembros del correísmo genera un "show" para encubrir los escándalos presuntamente vinculados al Gobierno.
Para Noriega, la existencia de una denuncia anónima levanta alertas sobre irregularidades y sospechas. A esto, dijo, se suman otras anomalías como la poca información a las personas cuyos domicilios fueron allanados, y qué rol jugarían dentro de la supuesta trama de lavado de activos.
"Vemos un allanamiento con un despliegue policial brutal (...) mientras que en casos como el del juez Serrano, que denunció presiones de la mano derecha de Mario Godoy, no hubo ningún proceso como estos", dijo.
Aclaró que, si bien las intervenciones se dieron a viviendas de candidatos por el presunto ingreso de dinero ilícito de Venezuela, estos no serían los responsables del financiamiento de campañas políticas. Noriega cuestionó que los señalamientos apunten a las principales voces de la Revolución Ciudadana, cuando los encargados de actos proselitistas son el presidente del movimiento, el gerente de campaña y el responsable económico.
"El que los allanamientos hayan sido a Luisa González y Andrés Arauz da cuenta de una nueva persecución política hacia las voces más fuertes que tenemos en este momento en la RC", manifestó.
Según Noriega, la irrupción del caso Caja chica no afectará la cohesión interna de la Revolución Ciudadana, de cara a procesos de elecciones como las seccionales del 2027. Al contrario, dijo, la militancia permanece "más firme que nunca" en respaldo a sus compañeros, cuyos domicilios fueron allanados.
Nuevos proyectos de ley
Dos proyectos de ley fueron presentados por el Gobierno a la Asamblea Nacional con carácter económico urgente. El primero se relaciona al fortalecimiento de sectores estratégicos como la minería y la energía, pero, según la asambleísta Noriega, debería existir una revisión exhaustiva para evitar supuestos intereses de la familia Noboa en proyectos de este tipo.
Sobre la segunda propuesta, sobre gobiernos locales, Noriega señaló que ninguna normativa presionará al Ejecutivo a cancelar la millonaria deuda con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, pero entrará en análisis por parte de la bancada.
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