Un Consejo de la Judicatura negligente y sin experiencia marca la radiografía de la Función Judicial en el 2025
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por presunto tráfico de influencias, tras conocerse denuncias sobre presiones y amenazas dirigidas al juez anticorrupción Carlos Serrano por parte de un "alto funcionario del Consejo de la Judicatura" para que declare inocente a un ciudadano serbio, procesado en el caso Euro 2024, por lavado de activos vinculados al narcotráfico.
La institución señaló que impulsará las acciones necesarias para esclarecer estos hechos.
El Consejo de la Judicatura indicó que, tras conocerse la denuncia del juez Serrano, el presidente Mario Godoy presentó una noticia criminis en la Fiscalía para iniciar las investigaciones correspondientes.
Este recurso fue interpuesto el 17 de diciembre, según la institución, la cual envió un oficio al Ministerio del Interior para solicitar un análisis de riesgo sobre el magistrado y su familia, debido a la "mediatización de datos personales" y a la exposición pública de Serrano.
"Negligencia", así podría resumirse el estado real de la Función Judicial, según Germánico Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura. Lamentó que, casos como el del juez Serrano, evidencien un deterioro constante del sistema de administración de justicia y la falta de atención de la Judicatura en torno a estos hechos.
En un ambiente álgido de criminalidad, según Maya, las acciones del CJ debieron orientarse en tres ejes: brindar seguridad de manera preventiva para el juez, desenmascarar al "alto funcionario" de la institución que consta en la denuncia y presentar una querella de manera inmediata.
"La función judicial se ha convertido en un instrumento tortuoso, horrible, con jueces incapaces, mezclados con la delincuencia o atemorizados por ella, porque no tienen el respaldo de sus superiores", enfatizó.
Según Maya, parte de los problemas de la justicia en el país recaen en la incapacidad de quienes son designados vocales del Consejo de la Judicatura, y las limitaciones para elegir jueces a escala nacional. Cuestionó que, en su mayoría, los integrantes del Pleno sean personas sin trayectoria judicial y su participación esté sujeta a afinidades políticas.
Otro pendiente tendría la Asamblea Nacional, de acuerdo con Maya. Señaló que, la Legislatura debería convocar a una sesión extraordinaria para analizar las acciones y omisiones de los vocales de la Judicatura y, de ser el caso, impulsar su destitución alegando un incumplimiento de funciones. Lamentó que, en lugar de abordar temas de este tipo, las sesiones se centren en exhortos a nivel internacional sin valor jurídico.
"Es un todo complejo que, solamente cuando nos pongamos el traje de patriotas vamos a poder cambiar", señaló.
Maya también hizo un llamado a la Judicatura a agilizar procesos de selección de jueces y conjueces a escala nacional, tras los concursos fallidos por dos administraciones.
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