Una "desconocida" trayectoria de los perfiles de la Comisión para elegir al nuevo Fiscal acentúa riesgos de infiltración de intereses políticos
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realizó el sorteo público para la conformación de la Comisión encargada de elegir al próximo Fiscal General del Estado. El organismo está conformado por cinco representantes de la ciudadanía y cinco de las funciones del Estado.
Ellos son: Wellington Andachi, Cynthia Jacho, Hugo Ludeña, Zoila Echeverría, Cristian Arpi, Pamela Garay, Silvana Ramírez, María Belén Toca, Maribel del Rocío Baldeón y Natalia de Jesús Guarnizo. Al inicio de la sesión ordinaria del Pleno, el presidente del Consejo, Andrés Fantoni, señaló que el proceso de selección de la máxima autoridad de la Fiscalía cuenta con una veeduría de 300 personas.
Por su parte, Hugo Arteaga, coordinador nacional de la veeduría ciudadana, alertó sobre irregularidades en el proceso. La principal preocupación, dijo, es el cambio en el reglamento para la designación del nuevo Fiscal.
Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, aseguró que no existe conformidad sobre la integración de la Comisión que se encargará de elegir al nuevo Fiscal General del Estado. Cuestionó que, la trayectoria de quienes integran el organismo, no sea reconocida, ni exista mayor información sobre esta materia.
"Todos, absolutamente todos, son desconocidos. Desconocemos su trayectoria inherente al área penal", dijo.
A este panorama, alertó Jaramillo, se suma una falta de transparencia por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de no saber cuándo se instalará por primera vez la Comisión de Selección. Recordó que, en la primera reunión, se deberán elegir al Presidente, Vicepresidente y Secretario para, posteriormente, arrancar con el proceso, cuyos plazos, según Jaramillo, fueron comunicados por Fantoni de manera discrecional.
"Ese es el problema: la falta de transparencia y la discrecionalidad de los tiempos del presidente del CPCCS por lo que desconocemos cuándo tendremos una fecha límite", indicó.
Jaramillo consideró que existen dos principales riesgos de contar con una Comisión de Selección desprestigiada. El primero, que intereses políticos coopten la Presidencia del organismo y la Secretaría para beneficios particulares, y el segundo, una falta de transparencia por parte del CPCCS.
"No queremos una fiscal que devenga con intereses o para generar impunidad", enfatizó.
La presidenta del Observatorio de Control Ciudadano también advirtió sobre una posible injerencia de Christian Troya, cercano al operador político del Gobierno, Fausto Jarrín, y que intervino en fases anteriores al sorteo público.
"Que no nos vengan a sorprender. El hecho de que Troya no estuvo presente en el sorteo, no significa que no estuvo en todo el trayecto formando parte de la Comisión y el equipo técnico", alertó.
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