Una justicia "en coma" marca el inicio del 2026, sin luces de mejora y una acentuada "desconfianza absoluta"
El caso de la exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Orellana, Samantha Lozada, revelado el pasado martes, acentuó el escándalo en la Función Judicial.
Durante la administración de Mario Godoy, la exfuncionaria habría denunciado que jueces de su provincia dejaban libres a narcotraficantes y, en una visita del propio presidente de la Judicatura, Lozada reiteró sus declaraciones, a lo que Godoy le pidió esta información por escrito.
Posteriormente, la exdirectora habría remitido los casos con nombres y fechas de los implicados a través de un correo que nunca fue respondido.
El 22 de octubre del 2025, Lozada fue víctima de un ataque armado en el que sujetos no identificados dispararon en ocho ocasiones contra su vehículo, en el que se transportaba con su padre.
Días después del atentado, la Judicatura aceptó su renuncia y su seguridad le fue retirada. "Dios me permitió seguir viva, para contar mi parte de la historia: De como el Consejo de la Judicatura te deja a merced del crimen organizado", dijo Lozada a través de sus redes sociales.
El Consejo de la Judicatura reaccionó a las declaraciones de la exdirectora Lozada, y descartó que existan denuncias oficiales que vinculen a jueces o fiscales con redes criminales, más allá de un caso al que calificó como "específico".
Según el presidente Mario Godoy, el Consejo gestionó las medidas de seguridad correspondientes sobre Lozada, pero indicó que, tras su salida de la institución, las garantías de resguardo recaen sobre el Ministerio del Interior. Godoy insistió en que este caso carece de fundamentos, y apuntó nuevamente a intereses políticos detrás de la crisis en la Función Judicial.
Una "desconfianza absoluta" en el sistema de justicia
Una "justicia en coma" es, según el abogado penalista Julio César Cueva, el panorama actual en medio de denuncias de presiones, amenazas y desatenciones por parte del Consejo de la Judicatura. Consideró que este escenario refleja una "desconfianza absoluta" en el sistema de administración de justicia en el que sus funcionarios prefieren ventilar los casos en redes sociales, antes que comunicar estas situaciones a la interna.
Pero la crisis en la justicia, dijo Cueva, se remonta a una infiltración de la política y el narcotráfico que se ha acentuado durante los últimos 20 años. Esto, mientras no existe una plena voluntad política de las últimas administraciones por generar cambios sustanciales.
A su criterio, no existen intenciones de cambiar la justicia a través de una conformación técnica, concursos serios para la designación de jueces y la elección de directores provinciales.
"A nadie la interesa, porque la justicia es una mercancía", cuestionó.
La figura de Mario Godoy "aferrada" al cargo
Julio César Cueva ve a un Mario Godoy "aferrado" al cargo de presidente del Consejo de la Judicatura, mientras existen voces que callan sobre los cuestionamientos en su contra. Entre ellos, consideró, debería consumarse la salida del resto de vocales del Pleno de la Judicatura, quienes no pidieron mayores explicaciones a Godoy sobre los señalamientos en la Función Judicial.
Un mismo escenario, dijo, aplica para José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, y quien propuso el nombre de Godoy en dos ocasiones dentro de la terna de integrantes para presidir la Judicatura. Consideró que el resto de jueces del organismo deberían pedir la renuncia de Suing.
Mientras esto ocurre, la Asamblea Nacional decidirá el futuro del juicio político de Mario Godoy, algo que, advirtió Cueva, podría dilatarse a propósito. Para el jurista, resultaría preocupante que la salida del presidente del Consejo se postergue por intereses escondidos.
"Parece que le van a dar tiempo para que el señor termine los últimos favores políticos y judiciales al interior de la Judicatura", indicó.
Por otro lado, recordó los recientes casos que reavivaron la crisis en la Función Judicial, y lamentó que desde la administración de Godoy no haya existido una predisposición para asuntarse en la protección de jueces amenazados e insistir en un análisis de riesgo adecuado a su situación.
Consideró que el Ejecutivo debería "tomar la batuta" y convocar a otros poderes del Estado, expertos en derecho y otras voces que permitan hacer cambios profundos en la justicia, sin la necesidad de una Constituyente.
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