Acosta criticó el debate al que ha llamado el presidente Guillermo Lasso en torno a este tema debido a que, desde su perspectiva, el mandatario y sus voceros, una y otra vez, han señalado dos opciones: los que están a favor de la consulta son los buenos y los que no, son malos, son los que apoyan al narcotráfico y al crimen organizado o “son cómplices de la corrupción”. Ese planteamiento, según Acosta, es “antidemocrático y no ayuda a discutir los temas de fondo”.
Una de las preguntas del referendo tiene que ver con la extradición de los ecuatorianos que hayan cometido cualquier tipo de delitos incluso los relacionados al crimen organizado transnacional como el narcotra?fico, tra?fico de armas, trata de personas y tra?fico de migrantes.
¿Esta? usted de acuerdo con permitir la extradicio?n de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a trave?s de procesos que respeten los derechos y garanti?as, enmendando la Constitucio?n de acuerdo con el Anexo 1?, cita la interrogante.
En relación a esta propuesta, Acosta precisó que esta medida no es la solución porque “no todo delincuente es extraditable”. Por ese motivo, manifestó que en esta pregunta “se está manejando la información de una forma sesgada y tramposa”, pues “extradición no es igual a exclusión”, dijo y agregó que es una medida que no resuelve los problemas de fondo.
¿Esta? usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos pu?blicos que garanticen participacio?n ciudadana, meritocracia y escrutinio pu?blico, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a trave?s de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitucio?n de acuerdo con el Anexo 5?
Esta es otra de las preguntas de la consulta popular sobre la que Acosta no está de acuerdo pues afirma que existe un beneficio para el gobierno. “No es la solución entregarle a la Asamblea esa tarea porque es volver a la vieja práctica que queríamos superar, porque aquí se distribuían los distintos cargos donde se podía controlar el Estado”, manifestó y añadió que con esta pregunta queda abierta la puerta a una 'larguísima transitocracia', porque siguen los encargados de las funciones de control, en su mayoría, vinculados al propio Gobierno.
Por otra parte, está la pregunta que plantea la reducción del número de asambleístas, lo cual, para Acosta, no va a resolver la “realidad tan lamentable que vive el legislativo”. “Reducir el número de asambleístas es una verdadera tomadura de pelo, esto no asegura una mayor calidad de la Asamblea”, enfatizó a la vez que resaltó que esto provocaría una mayor concentración del poder en los dos centros que configuran el escenario político del país: Quito y Guayaquil, porque la mayoría de asambleístas provienen de estas ciudades.
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