Las votaciones, previstas para febrero de 2027, fueron adelantadas -según el CNE- en base a informes técnicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), "que prevén eventos hidrometeorológicos intensos asociados al fenómeno de El Niño, como inundaciones con potenciales afectaciones a la población y a la infraestructura".
Para Sofía Cordero, analista política, existe un origen de ilegalidad que no ha sido solventado con un informe de ningún tipo. "La Ley no establece la cancelación o adelanto de elecciones por motivos climáticos", aclaró.
"Parece que a la ilegalidad que están cometiendo quieren darle un matiz de coherencia. Esto no es legal y no está contemplado en la Ley hacerlo de esa manera", insistió.
En NotiMundo al Día, Cordero señaló que esta decisión profundiza la desconfianza en unos consejeros prorrogados en sus funciones y que "además, para seguir prorrogándose, aducen cada vez que estamos en nuevas elecciones".
Una de las consecuencias de esta decisión, añadió Cordero, es que no se modifica el calendario de cuándo asumen las autoridades elegidas el nuevo cargo.
"Si las elecciones se dan en noviembre, ¿qué van a hacer hasta mayo?", cuestionó.
Según la analista, se creará un "limbo", tanto para las autoridades electas, como para las que están en funciones, pues no estará claro que rol asumiría cada uno, qué decisiones y gastos pueden tomar, entre otras interrogantes.
A su criterio, esta decisión se enmarca en una nueva fase en el proyecto del Gobierno, que es "pasar del poder Ejecutivo y Legislativo, al poder territorial". Esto, -dijo- se configura colocando autoridades en los niveles subnacionales (prefecturas, municipios y juntas parroquiales).
Cancelación de agrupaciones políticas
Sobre la aprobación de los informes de las áreas técnicas del CNE, que recomiendan iniciar los trámites de cancelación de Construye y Unidad Popular (UP), Cordero dijo que esto es una especie de "pantalla" y hasta una "burla" frente al país.
Esto debido a que existen más de 230 movimientos que no están siendo cuestionados, pero se toma a estos dos, que pueden configurar a algún tipo de oposición, para dejarlos fuera de la contienda electoral.
A esto se suma la preocupación por la suspensión de la Revolución Ciudadana (RC), dispuesta por el juez Joaquín Viteri, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), tras una denuncia denuncia presentada por la Fiscalía. Así se dejaría fuera a la mayor fuerza opositora al gobierno de Daniel Noboa.
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