ADN defiende eficiencia estatal, mientras el correísmo alerta sobre riesgo democrático en la consulta popular y referendo
Este domingo 16 de noviembre, más de 13 millones de ecuatorianos regresarán a las urnas para pronunciarse en torno a las cuatro preguntas planteadas por el Gobierno. Una sola papeleta incluirá todas las interrogantes, ya sea de consulta popular o de referendo.
La instalación de bases militares extranjeras en el país, la eliminación del financiamiento electoral a partidos y movimientos políticos y la reducción del número de asambleístas son las primeras tres preguntas del referendo, mientras que la última pregunta plantea la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Bases militares extranjeras
La instalación de bases militares extranjeras, según la asambleísta por la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega, no resolverá la situación de inseguridad que enfrenta el país. Recordó que, en Colombia, pese a la incorporación de este tipo de infraestructura, sigue siendo la ruta del narcotráfico.
Al contrario, dijo, Ecuador requiere de políticas públicas en materia social para reinsertar a personas de la población más marginada. Recordó que, durante las bases militares en el país, no existió evidencia sobre una reducción en la tasa de muertes violentas.
Por su parte, el asambleísta por ADN, Andrés Castillo, consideró que la instalación de bases militares extranjeras optimizará los recursos aplicados en el control de territorio, además de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.
Detalló que el problema de criminalidad que vive el país en la actualidad no se asemeja a la realidad del 2007. A esto, dijo, se suma la importancia de que naciones amigas tengan interés de instalar bases en territorio ecuatoriano para robustecer los controles.
Eliminación del financiamiento de organizaciones políticas y reducción de asambleístas
Para Andrés Castillo, la iniciativa de eliminar el financiamiento a partidos y movimientos políticos responde a la necesidad de destinar dichos recursos, estimados en USD 85 millones, a otros rubros como salud, educación y demás aspectos sociales.
Consideró que los partidos políticos deben sostenerse con los aportes de sus militantes, así como un control exhaustivo del origen de los fondos que se usan para campañas políticas.
A diferencia de Castillo, Jahiren Noriega cuestionó que esta iniciativa busque "debilitar la democracia", al conectar precisamente con un malestar de la ciudadanía en torno a la clase política y la propia Legislatura. A su criterio, se trata de argumentos que juegan con el miedo y el enojo de la población con planteamientos que, dijo, podían modificarse con reformas al Código de la Democracia.
"Debilitar la democracia nunca es una buena decisión".
Algo similar, cuestionó, ocurre con la reducción de asambleístas, la tercera pregunta del referendo. Según Noriega, esto no implicaría una mejor calidad de la Legislatura, sino que afectaría la representatividad de ciertas provincias que tienen al frente partidos locales y con poco aparataje.
Señaló que esto incluso reduciría la capacidad de control y fiscalización desde la Asamblea Nacional a las acciones del Gobierno.
"Lo que busca es tener menos control, porque la fiscalización le estorba", sostuvo.
Andrés Castillo coincidió en que debería garantizarse una mayor calidad en el Parlamento, pero insistió en que la cantidad de legisladores es, en sí, un problema. Recordó que 151 asambleístas integran el Pleno, de los cuales, no todos presentan proyectos de ley o asisten a sus comisiones.
"Las organizaciones políticas tienen la responsabilidad de poner los mejores cuadros (...) Necesitamos mejorar la calidad de representación, aun cuando la cantidad parezca que es un problema", enfatizó.
La Asamblea Constituyente
El "corazón" de la consulta popular y referendo para Jahiren Noriega es la convocatoria a una Asamblea Constituyente. A su criterio, la Carta Magna "le es incómoda" al presidente Daniel Noboa, debido a puntos como la asignación de presupuesto a salud y educación, los derechos de la naturaleza, la consulta previa, libre e informada, entre otros aspectos.
Cuestionó que, desde el Gobierno, se pretenda instalar leyes y normativas "a la medida", y citó como ejemplo la Ley de Integridad Pública -declarada como inconstitucional- por la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos y la remisión tributaria a grupos económicos vinculados a la familia del Primer Mandatario.
Por otro lado, Andrés Castillo defendió la redacción de un nuevo texto constitucional, y recordó que este se mantendrá sujeto a un referendo aprobatorio, en el que la ciudadanía ratificará la nueva Carta Magna. Consideró que, dentro de ese planteamiento, deberían existir una serie de modificaciones.
Una de ellas, dijo, debe ser la implementación de la prisión preventiva como regla general en delitos como narcotráfico, sicariato y delincuencia organizada.
Mira la entrevista completa
Escucha la entrevista completa