Combate al crimen organizado
El Pleno de la Asamblea Nacional se instaló esta mañana para tratar, en primer debate, la denominada Ley de Solidaridad Nacional que busca atacar las economías criminales. En la que la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, destacó la importancia de aprobar una propuesta, cuyos articulados, han sido aplicados en otros países de la región.
La Revolución Ciudadana cuestionó la posibilidad de que empresas privadas donen hasta el 30 % del impuesto a la renta en bienes a favor de las Fuerzas del Orden. Frente a esto, la bancada, a través de la asambleísta Jahiren Noriega planteó modificaciones a la normativa en tareas específicas para el Ministerio de la Mujer, además del cobro de deudas que mantienen los grupos económicos con el Estado.
El asambleísta por el Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, adelantó que la organización no será oposición a la ley remitida por el Gobierno, pero planteará sus modificaciones a considerar en el informe para segundo debate del Pleno de la Legislatura.
Cecilia Baltazar, de Pachakutik, recordó que la política de seguridad debe ser abordada de manera integral, incluyendo el fortalecimiento al sistema de administración de justicia.
Una normativa, voluntad política y soporte para combatir al crimen organizado
Para el experto en seguridad, Patricio Haro, la ley planteada por el Gobierno evidencia una voluntad política para brindar mayores garantías a las Fuerzas Armadas y la Policía en el combate al crimen organizado. Precisó que, la normativa brindará el soporte técnico respectivo a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) para desarticular estructuras ilícitas.
"Una ley no necesariamente está demás frente a la acción que debe tomar el Estado para luchar contra las economías ilegales", dijo.
Haro insistió en que, el proyecto de Ejecutivo debe dar una "tónica" para reconocer que la amenaza del crimen organizado es de carácter transnacional. Recordó que, el asesinato de los once militares en el Alto Punino, en Orellana, evidenciaron la gravedad de la situación y la incidencia de grupos irregulares extranjeros.
"El Alto Punino nos dejó una demostración absolutamente clara de que la amenaza no es nacional, sino internacional", sostuvo.
Por otro lado, planteó la importancia de reactivar un Código Penal Militar, en el que se contemplen delitos cometidos en el marco jurídico de un conflicto armado interno. A esto, dijo, debe sumarse la implementación de judicaturas especializadas en esta materia.
"En Ecuador estamos hablando solamente de las normas establecidas en el COIP, entonces deben separarse los delitos militares que se sustentan en esta situación", enfatizó.
Postura desde el gremio de juristas
Mientras la Asamblea debatía la ley propuesta por el Ejecutivo, el Colegio de Abogados de Pichincha advirtió que la normativa violaría la independencia judicial, al referirse a un indulto anticipado a miembros de las Fuerzas del Orden. Algo que, según el presidente del organismo, Paúl Ocaña, podría derivar en eventuales demandas de inconstitucionalidad.
Mira la entrevista completa
Escucha la entrevista completa