Política
La Asamblea Nacional solicitó a la Corte Nacional que difiera la audiencia de acción pública de inconstitucionalidad de las denuncias de la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero y Solidario y Federación de Asociaciones de Docentes de la Universidad Central del Ecuador y otras, en contra de la Ley de Integridad Pública.
El juez constitucional José Luis Terán convocó a la Presidencia de la República, a la Legislatura y a los accionantes a la audiencia telemática, para el 18 de agosto, a las 10:00.
Sin embargo, a través de un comunicado, el Parlamento alertó que "la Corte Constitucional ha reducido los términos legales establecidos para responder y defenderse de forma apropiada".
"La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales (artículo 80.2.c) otorga el término de quince días para preparar una defensa adecuada, con base en el derecho al debido proceso previsto en el artículo 76 de la Constitución. Sin embargo, en el caso 52-25-IN dicho término fue disminuido hasta en siete, al convocar de manera anticipada a audiencia pública y, en las otras demandas mencionadas se concedió únicamente tres días para la contestación, reduciendo doce días a lo que establece la ley", explicó la Legislatura.
En este sentido, la Asamblea Nacional sostuvo que todo esto afecta la posibilidad de presentar una respuesta a la altura de la exigencia técnica que el caso amerita.
A su vez, el Legislativo anticipó que presentará la solicitud de diferimiento, solicitando que se postergue la audiencia fijada para el 18 de agosto y se amplíen los términos legales para dar contestación en los otros dos casos, asegurando de esta manera un proceso justo y el pleno respeto a la Constitución.
Tras el comunicado de la Asamblea Nacional, la coordinadora de la bancada de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, señaló que la misiva "responde exclusivamente a la bancada de ADN y no representa la posición oficial de la Asamblea en su conjunto".
"Resulta fundamental preservar la distinción entre la postura de un grupo parlamentario y la posición institucional de todos los que conformamos la Legislatura", expresó la legisladora.
Al igual que la Asamblea, la Presidencia de la República también pidió suspender la audiencia. El secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, ingresó un escrito a la Corte en el que pide el diferimiento de la diligencia para preparar su defensa, ya que se acumularon las demandas de la asociación de jueces y de los servidores universitarios.
Ejecutivo también pide diferimiento a la Corte Constitucional
La Presidencia de la República pidó a la Corte Constitucional que suspenda la audiencia pública convocada para este 18 de agosto, antes de resolver decenas de demandas de inconstitucionalidad planteadas en contra de la Ley Orgánica de Integridad Pública.
En el despacho del juez constitucional José Terán se tratan 19 demandas de inconstitucionalidad planteadas por grupos de la sociedad civil en contra de la Ley de Integridad aprobada por la bancada de Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN), y aliados en la Asamblea Nacional.
El secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, ingresó un escrito a la Corte en el que pide el diferimiento de la diligencia para preparar su defensa, ya que se acumularon las demandas de la asociación de jueces y de los servidores universitarios.
Esto, pese a que el magistrado concedió quince días para que presenten sus argumentos por escrito, como lo determina la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Uno de los artículos sobre los que se pide la inconstitucionalidad se refiere al artículo 6 de la ley que reforma la ley Orgánica de Servicio Público (Losep) sobre la estabilidad laboral en el Estado y la asignación a un estímulo económico a los 65 años a quienes decidan jubilarse.
A criterio de los demandantes, esto afecta la estabilidad al ocupar una función en el sector público.
Hasta el cierre de esta publicación, el magistrado no se ha pronunciado a través de sus autos, si acepta o niega el pedido de Andino.
Por su parte, el presidente de la UNE, Andrés Quishpe, indicó este miércoles en declaraciones de prensa que el próximo lunes sus miembros harán una concentración en los exteriores del edificio de la Corte, en el centro norte de Quito, desde las 09:30, para defender las razones por las que consideran que el articulado debe declararse inconstitucional.
Fuente: El Universo