Proyecto de enmienda
Este lunes, el Pleno del CNE se instaló para conocer la documentación enviada por el Gobierno en una sesión que tuvo criterios divididos sobre el pronunciamiento del CNE en el trámite constitucional. La consejera Elena Nájera pidió retirar del punto del orden del día el conocimiento del oficio, al asegurar que no es competencia del Consejo remitir la propuesta a la Corte, sino de la Presidencia de la República.
Por su parte, el vicepresidente del Consejo, Enrique Pita, señaló que leer la iniciativa de enmienda planteada por el Ejecutivo no supone un pronunciamiento del organismo electoral, por lo que no existiría un riesgo de enfrentar represalias legales en un futuro.
La propuesta del Ejecutivo plantea un mecanismo similar al de concursos públicos para elegir a las autoridades de control, pero esta vez, desde la Legislatura. 90 días antes de la culminación del periodo del funcionario saliente, el presidente de la Asamblea deberá convocar al proceso de selección.
La enmienda impulsada por el Gobierno deberá tramitarse vía referéndum, donde, de ser el caso, podría declarar desiertos todos los concursos de designación activos en el Cpccs.
En NotiMundo al Día, César Ulloa, politólogo y director de Docencia e Investigación de la Universidad Hemisferios, consideró que un CNE "totalmente cuestionado, no puede garantizar absolutamente nada".
Por otro lado, indicó que -si bien el Cpccs fue resultado de la "pirotecnia de Montecristi" y no ha servido para nada-, trasladar las competencias a la Asamblea Nacional no garantiza un mejor resultado.
"La Asamblea no es otra cosa que el producto de lo que los partidos políticos son en la actualidad. Emprendimientos electorales, con tamaña responsabilidad, no van a dar tampoco buenos resultados", apuntó.
A su criterio, se debería evaluar un mecanismo mixto, donde pueda intervenir la sociedad civil e instituciones con credenciales, para que los concursos sean transparentes y eficientes.
Ulloa recordó en Ecuador siempre se ha producido el "efecto sastre": decisiones a la medida del Gobierno de turno. Por ello, precisamente, se encienden las alertas en este caso, pues si nuevamente se quiere acondicionar el resultado de la designación de las principales autoridades a los intereses de quien administra el Estado, sería un fracaso, sostuvo.
A su criterio, se podría evaluar la posibilidad de que instituciones como la Fiscalía, Contraloría o el mismo CNE, pasen a ser designaciones de carácter técnico, con altas exigencias y, sobre todo, con "ética comprobada".
El riesgo ahora, dijo Ulloa, es que venga un nuevo Gobierno que envíe otra propuesta, que nuevamente configura el "efecto sastre".
Respecto de la decisión del CNE de adelantar las elecciones seccionales, Ulloa consideró que se han cometido varias arbitrariedades, pues no existe una justificación técnica. "Adelantando elecciones no se adelanta la resolución de los problemas", dijo.
A esto se suman los cuestionamientos de la decisión de cancelar organizaciones políticas, que parecería hacérselo sin criterios adecuados.
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