Asamblea
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó este 1 de agosto de 2025 el cuarto proyecto de ley con carácter económico urgente enviado por el presidente Daniel Noboa. Se trata de una propuesta legal que busca prevenir y combatir el uso indebido de estructuras sin fines de lucro como canales para el lavado de activos, corrupción o financiamiento ilícito.
El texto legislativo fue remitido a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, que será la encargada de su análisis. Según la normativa, el Pleno de la Asamblea deberá pronunciarse en un plazo máximo de 30 días.
Entre sus disposiciones más relevantes, el proyecto asigna a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) la vigilancia integral de fundaciones, corporaciones, ONG y organizaciones comunitarias, tanto nacionales como extranjeras. Esta atribución incluiría auditorías, intervenciones y control, en concordancia con otras leyes como la de Compañías y la de Mercado de Valores.
Además, se establece la obligatoriedad de inscripción de estas entidades en el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (SUIOS), gestionado por el Ministerio de Gobierno, como parte de una estrategia nacional para fortalecer la transparencia financiera.
Desde el Ejecutivo se sostiene que esta ley busca proteger los recursos públicos y asegurar que toda organización que opere en el país lo haga con legalidad y responsabilidad social.