El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional resolvió, por unanimidad, negar la licencia sin remuneración solicitada por el legislador Santiago Díaz, exintegrante de la bancada de la Revolución Ciudadana.
El pedido, que abarcaba el período del 8 de julio al 8 de agosto de 2025, fue presentado un día después de que se conociera una denuncia en su contra por la presunta violación de una menor de 12 años, ingresada ante la Fiscalía General del Estado.
Según la normativa legislativa, el CAL es el único organismo autorizado para conceder licencias mayores a 30 días, conforme a lo establecido en los artículos 12 y 114 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
Díaz, quien fue expulsado de su bancada tras conocerse la denuncia, argumentó que la licencia tenía como fin ejercer su derecho a la defensa. Sin embargo, el documento fue dirigido al presidente de la Asamblea y no al CAL, lo que también fue observado por el órgano legislativo.
Desde el pasado 8 de julio, Santiago Díaz no ha emitido declaraciones públicas y se desconoce su paradero, lo que ha generado preocupación entre sus colegas. La asambleísta Nataly Morillo (ADN) exigió su renuncia inmediata, al considerar que su permanencia afecta la institucionalidad del Parlamento.
En el marco de la investigación, la Fiscalía realizó allanamientos en tres inmuebles de la ciudad de Quito, donde se recopilaron documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados relevantes para el caso.
La normativa vigente establece que la cesación de funciones de un asambleísta puede producirse por varios motivos, entre ellos la renuncia, una sentencia penal condenatoria ejecutoriada o la destitución conforme al procedimiento legal.