Caso Vocales
La Fiscalía General del Estado concluyó su alegato de cierre en el juicio del denominado caso Vocales y solicitó al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que declare la culpabilidad de los exvocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, en calidad de coautores del delito de tráfico de influencias.
Debido a la existencia de una circunstancia agravante dentro de la causa, la entidad fiscal requirió que a ambos exfuncionarios se les imponga la pena máxima agravada. En la misma diligencia, la representación fiscal sostuvo su acusación contra el exjuez de Pichincha, Vladimir Jhayya, en calidad de cómplice del mismo delito, solicitando para él una pena privativa de libertad equivalente a un tercio de la mitad de la sanción que les corresponda a los coautores.
La solicitud penal contra el exjuez Vladimir J. y el rol de la defensa
En el desarrollo de la etapa final del juzgamiento, la Fiscalía argumentó la responsabilidad de Jhayya como cómplice dentro de la trama de presuntas presiones judiciales.
Para este procesado, la institución determinó la aplicación de una pena proporcionalmente reducida a un tercio de la mitad del castigo fijado para los coautores. Por su parte, la defensa técnica del exjuez, liderada por el abogado Paúl Ocaña, avanzó en la evacuación de su carga probatoria testimonial y pericial con el objetivo de contradecir la acusación fiscal y demostrar que la tesis de la Fiscalía carece de sustento.
El origen de los hechos: la reunión de junio de 2022 y la acción de protección
El juzgamiento por tráfico de influencias examina los acontecimientos ocurridos en junio de 2022 en Quito, cuando se habría pactado una reunión para solicitar apoyo a una resolución favorable a la acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, con el fin de evitar su destitución del cargo.
Para presuntamente conseguir dicho fallo, los entonces vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, se habrían reunido con el entonces presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, junto a los jueces Vladimir Jhayya y Maritza Romero. La investigación penal sobre estos hechos se abrió oficialmente el 15 de junio de 2022, días después de que saliera a la luz pública el contenido de un audio filtrado de dicho encuentro.
Durante el procedimiento, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, sustentó la acusación de la Fiscalía con la presentación de siete testigos, tres peritos y un expediente documental expuesto ante los magistrados.
Entre los elementos centrales de prueba consta el testimonio anticipado y la grabación realizada por la jueza Maritza Romero, audio que posteriormente fue entregado al entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela.
En dicho registro sonoro se atribuiría a Juan José Morillo haber afirmado ante los presentes que el entonces presidente de la República, Guillermo Lasso, le habría solicitado personalmente buscar respaldo para apoyar la causa de Llori en la Función Judicial.
Integración del Tribunal y antecedentes judiciales
La causa se tramita ante un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia integrado por los conjueces Rodrigo Sarango (juez ponente), Katty Muñoz y Diego Gordillo, quienes escucharon a la Fiscalía, a los abogados de la Procuraduría General del Estado —en calidad de acusadora particular— y a las defensas de los tres procesados.
De manera paralela a este juicio, la exvocal Maribel Barreno enfrenta otros frentes judiciales, entre los cuales consta una sentencia de primera instancia a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de obstrucción de la justicia en el denominado caso Independencia Judicial, causa en la que también fue condenado el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán.