Ley Antimafias
Con 85 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes 9 de noviembre de 2026 la Ley Orgánica reformatoria para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado, conocida como Ley Antimafias.
La normativa reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP), incorpora nuevos delitos, endurece sanciones y establece mecanismos para afectar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales.
El proyecto, impulsado por la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, y tramitado en la Comisión de Seguridad, contiene 39 artículos reformatorios, cinco disposiciones transitorias y una final. Sus disposiciones apuntan a combatir el financiamiento de las mafias, sus redes de colaboración, el control territorial, el ocultamiento de bienes y el uso de sectores estratégicos para actividades ilícitas.
Durante la jornada intervinieron 17 legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados. La presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón (ADN), abrió la discusión y sostuvo que la votación representaba una definición entre respaldar al país o a quienes promueven la violencia criminal.
Alarcón también cuestionó a la Revolución Ciudadana por anunciar un informe de minoría y lo acusó de mantener una postura de complicidad con las mafias. Por su parte, Mishel Mancheno defendió el alcance de la reforma y destacó la cooperación internacional, particularmente de las autoridades italianas. Explicó que la ley busca sancionar no solo a los cabecillas, sino también a quienes cumplen funciones de vigilancia, alertan sobre operativos, transportan armas, reclutan personas o facilitan recursos a las organizaciones delictivas.
Mancheno también señaló que, entre octubre de 2025 y noviembre de 2026, el Estado destinó USD 2,5 millones a empresas de seguridad para custodiar bienes vinculados con narcotraficantes. A esa cifra sumó otros USD 68.000 por la contratación de seguros entre mayo de 2025 y noviembre de 2026. Según la legisladora, la normativa permitirá que determinados bienes incautados se utilicen temporalmente en beneficio de la comunidad y de organizaciones con fines sociales, además de autorizar su venta anticipada bajo disposición judicial.
El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, respaldó el proyecto, pero planteó revisar el régimen de acumulación de penas para que pueda aplicarse desde el segundo delito y no desde el tercero. Como ejemplo, cuestionó que un agresor que cometa una violación y un asesinato pueda recibir una condena de hasta 40 años sin que se aplique la acumulación excepcional.
Ningún legislador de la Revolución Ciudadana solicitó intervenir durante el debate. Antes de la sesión, esa bancada anunció que votaría en contra y que presentaría una propuesta alternativa para desmontar las economías ilícitas y combatir el crimen organizado. Los 61 asambleístas de oposición votaron en contra. Con la aprobación legislativa, el proyecto pasará al presidente Daniel Noboa, quien deberá decidir si lo sanciona o presenta un veto. ¿Qué plantea la Ley Antimafias?
Nuevas sanciones para colaboradores de organizaciones criminales
La reforma incorpora la figura de colaboración externa, que permitirá sancionar a personas que, sin integrar directamente una organización criminal, faciliten sus actividades mediante asesoramiento técnico, contable, financiero o tecnológico, entrega de información y documentos, o aportes ocasionales de dinero y activos financieros.
La pena prevista será de 10 a 13 años de prisión. Si la organización está vinculada con delitos de especial gravedad, como narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, sicariato, secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, delitos sexuales contra menores de edad, tráfico de armas o lavado de activos, la condena aumentará de 19 a 22 años.
La normativa aclara que la prestación legítima de servicios profesionales y el ejercicio de la defensa técnica no constituyen, por sí solos, colaboración externa. Para aplicar esta figura, la Fiscalía deberá demostrar que la asistencia se proporcionó conscientemente para facilitar actividades ilícitas.
También incorpora la figura de pertenencia funcional, dirigida a quienes cumplen tareas operativas para mantener activa una estructura criminal, aunque no ejecuten directamente los delitos. Entre estas actividades constan la vigilancia, el control de accesos, las alertas, las comunicaciones, la movilización de integrantes y recursos, el abastecimiento logístico y la protección de rutas. Estas conductas tendrán penas de 13 a 16 años de cárcel. Cuando la organización esté vinculada con delitos graves, la sanción aumentará de 22 a 26 años.
La reforma precisa que los vínculos familiares, afectivos, vecinales, laborales, profesionales o comerciales con integrantes de una organización criminal no serán suficientes para establecer pertenencia funcional. La Fiscalía deberá demostrar una integración consciente, estable o reiterada.
Otro delito incorporado es la captación de personas adultas para actividades criminales. Quienes recluten, incorporen o entrenen a mayores de 18 años, con conocimiento de que serán utilizados para cometer delitos en beneficio de una organización, recibirán entre 10 y 13 años de prisión. La pena aumentará de 13 a 16 años cuando se aprovechen relaciones de autoridad, cuidado, confianza o subordinación.
Asimismo, se sancionará con 10 a 13 años a quienes faciliten inmuebles, instalaciones, vehículos u otros recursos materiales a organizaciones criminales, siempre que conozcan su finalidad ilícita. La condena subirá de 13 a 16 años cuando esos espacios o medios se utilicen para almacenar armas, explosivos, drogas, maquinaria destinada a la minería ilegal, bienes de origen ilícito o mantener personas retenidas contra su voluntad.
Acumulación de penas de hasta 60 años
Uno de los principales cambios modifica el límite de las penas privativas de libertad en Ecuador. La reforma establece un régimen excepcional que permitirá acumular condenas hasta un máximo de 60 años, frente al límite general actual de 40 años.
La disposición modifica los artículos 20, 55 y 59 del COIP y se aplicará cuando una persona sea condenada por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes, siempre que la suma de las penas individuales supere los 40 años. En esos casos, las condenas podrán acumularse hasta alcanzar el doble de la pena más grave, sin exceder los 60 años. Para los demás casos se mantendrá el límite de 40 años.
La reforma también modifica las sanciones por delincuencia organizada. Define esta infracción como la conformación de un grupo de tres o más personas que actúa coordinadamente y durante cierto tiempo para cometer delitos sancionados con más de cinco años de prisión, con el propósito de obtener beneficios económicos o materiales. Quienes constituyan estas organizaciones o formen parte de ellas podrán recibir entre 22 y 26 años de cárcel.
Para quienes ejerzan funciones de dirección, mando, control, coordinación estratégica o planificación, así como para quienes financien sus actividades de manera permanente o reiterada, se establecen penas de 26 a 30 años.
Cuando las organizaciones tengan como finalidad cometer delitos de especial gravedad, las condenas serán de 26 a 30 años para sus integrantes y de 30 a 34 años para sus dirigentes y financistas.
Penas por tráfico ilegal de combustibles
La Ley Antimafias también reforma el artículo 264 del COIP para combatir el robo, almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos y sus derivados. Las sanciones se establecerán según la cantidad de combustible involucrada, con cuatro escalas:
- De uno a tres años de prisión para los casos de menor cantidad.
- De tres a cinco años para la escala mediana.
- De cinco a siete años para la escala alta.
- De siete a diez años para la gran escala.
Las sanciones alcanzarán a quienes almacenen, transporten, envasen, comercialicen, distribuyan o refinen ilegalmente hidrocarburos, derivados de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo y biocombustibles.
Se aplicarán las penas máximas de cada escala cuando se utilicen vehículos, tanqueros, contenedores o depósitos modificados sin autorización para facilitar estas actividades. Si el tráfico ilegal de combustibles tiene como finalidad financiar o facilitar las operaciones de grupos de delincuencia organizada, la sanción máxima aumentará en un tercio.
Para las empresas involucradas se contemplan multas de entre 500 y 1.000 salarios básicos unificados. Su monto dependerá de la cantidad de combustible involucrada, el daño ocasionado, el beneficio económico obtenido y la capacidad financiera de la compañía. La disolución se reservará para aquellas empresas constituidas con la finalidad de cometer estos delitos.
La reforma establece una excepción para el almacenamiento de combustibles destinado exclusivamente a actividades de transporte en territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, así como en comunidades afroecuatorianas y montuvias donde no existan mecanismos accesibles de abastecimiento.
Nuevos delitos por desplazamiento y confinamiento forzado
La normativa incorpora dos delitos relacionados con las consecuencias de la violencia criminal sobre la población:
- El desplazamiento interno forzado.
- El confinamiento forzado.
El desplazamiento interno forzado tendrá una pena de siete a diez años de prisión. Se configurará cuando integrantes de grupos criminales obliguen a personas o comunidades a abandonar sus viviendas o lugares de residencia mediante amenazas, intimidación, violencia o coacción. La sanción también alcanzará a quienes impidan u obstaculicen el retorno de las víctimas a sus hogares, barrios o comunidades.
En cambio, el confinamiento forzado tendrá una pena de cinco a siete años. Se aplicará cuando integrantes de organizaciones criminales restrinjan la movilidad de dos o más habitantes mediante amenazas, violencia o intimidación. Esto incluye la imposición de controles en accesos, vías o zonas de tránsito para obligar a las personas a permanecer en un territorio contra su voluntad.
Cooperación eficaz para desarticular las mafias
La reforma crea un mecanismo de cooperación eficaz reforzada para incentivar a personas investigadas o procesadas por delincuencia organizada a entregar información que permita identificar y capturar a los principales integrantes de estas estructuras, recuperar bienes y activos o desarticular sus operaciones.
Quienes colaboren voluntariamente con la Fiscalía y entreguen información precisa, verificable y relevante podrán acceder a una reducción de su condena. La pena podría establecerse desde el 7% del mínimo previsto para el delito, aunque nunca será inferior a un año de prisión.
Para acceder al beneficio, la información deberá contribuir de manera determinante a la captura de personas con funciones de dirección, financiamiento o mando, a la recuperación de bienes vinculados con las organizaciones o a la prevención de delitos graves.
El acuerdo deberá constar por escrito y contar con la verificación de un juez, quien determinará la reducción de la pena según la importancia y efectividad de la información entregada.
Los integrantes que hayan ocupado cargos de dirección o mando tendrán condiciones más estrictas. Deberán aportar datos que permitan identificar o capturar a otros responsables de igual o mayor jerarquía, o contribuir directamente a desarticular la organización. El beneficio no se aplicará a condenas por delitos contra la vida ni por delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes.
Inhabilitación para abogados y contadores y protección a jueces
El proyecto contempla sanciones para abogados y contadores que utilicen sus conocimientos profesionales para cometer, facilitar u ocultar delitos vinculados con organizaciones criminales.
Quienes sean condenados por delincuencia organizada, lavado de activos, cohecho, concusión, tráfico de influencias, asociación ilícita, fraude procesal, obstrucción de la justicia, testaferrismo o enriquecimiento ilícito podrán ser inhabilitados para ejercer su profesión.
La medida deberá ser dispuesta por un juez mediante sentencia motivada y empezará a cumplirse una vez que la persona termine su condena de prisión. El periodo de inhabilitación no podrá ser inferior al tiempo mínimo de la pena prevista para el delito cometido. La normativa excluye el ejercicio legítimo de la defensa técnica y la prestación legal de servicios jurídicos o contables.
En paralelo, se establecen medidas para proteger a los jueces que tramitan causas relacionadas con delincuencia organizada. Cuando una evaluación de riesgo determine que un magistrado enfrenta amenazas por los procesos a su cargo, se podrán restringir públicamente sus datos de ubicación, contacto e información biométrica. La protección podrá extenderse a los datos de sus familiares cuando exista un riesgo para su seguridad.
Sin embargo, las partes procesales conservarán el derecho a conocer la identidad, el cargo y las competencias del juez.
Incautación, administración y venta anticipada de bienes
Otro eje de la Ley Antimafias es la recuperación de los recursos económicos de las organizaciones criminales. Para ello, establece nuevas reglas para identificar, localizar, incautar, administrar y recuperar bienes relacionados con actividades ilícitas.
La reforma incorpora el comiso penal obligatorio de vehículos, maquinaria, equipos, contenedores, tanqueros, plataformas, depósitos y otros bienes utilizados para cometer delitos contra la actividad hidrocarburífera. La medida deberá ser ordenada por un juez y respetará los derechos de terceros de buena fe.
Los bienes incautados no pasarán automáticamente al patrimonio del Estado. Mientras se resuelve su situación jurídica, permanecerán bajo custodia de la entidad pública encargada de su administración y tendrán carácter inembargable e imprescriptible durante el tiempo que mantengan esa condición.
La normativa también permitirá entregar determinados bienes de manera temporal a instituciones públicas y organizaciones privadas sin fines de lucro, mediante convenios de uso. Podrán destinarse a actividades sociales, comunitarias, productivas, educativas, sanitarias, culturales o ambientales. Las entidades beneficiarias deberán garantizar su mantenimiento, conservación y posterior restitución.
Otra disposición autoriza la venta anticipada de bienes incautados cuando exista riesgo de deterioro, depreciación o pérdida significativa de valor, o cuando los costos de conservación sean desproporcionados.
El dinero obtenido permanecerá depositado hasta que exista una resolución judicial. Si se ordena devolver el bien, el propietario recibirá el monto correspondiente y los rendimientos financieros generados, con el descuento de los gastos justificados de custodia y conservación.
Finalmente, se establece un procedimiento para los bienes que no sean reclamados. Si transcurren 90 días desde la incautación sin que se identifique al propietario o este no comparezca para demostrar sus derechos, se publicarán tres avisos en un medio de comunicación de alcance nacional. Si nadie reclama el bien durante los 30 días posteriores a la última publicación, un juez podrá autorizar su venta anticipada, siempre que se cumplan los requisitos legales.