Causas constitucionales no serán tramitadas por jueces de garantías penales y especializados en delitos contra la corrupción y crimen organizado

Las dependencias judiciales penales y especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, con sede en Quito, se concentrarán exclusivamente en la resolución de procesos vinculados con estas materias.

La decisión fue aprobada este 28 de septiembre por el Pleno del Consejo de la Judicatura. 

Con la medida, los juzgadores especializados de las unidades judiciales penales de Iñaquito y Mariscal Sucre, el Tribunal Penal de Iñaquito y la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dejarán de recibir nuevas causas de garantías jurisdiccionales, como habeas corpus, habeas data, acciones de protección y recursos de acceso a la información pública.

Sin embargo, los procesos constitucionales que ya se encuentran en conocimiento de estas dependencias continuarán bajo su responsabilidad hasta su resolución definitiva.

A partir de ahora, las nuevas garantías jurisdiccionales que se presenten en Pichincha serán sorteadas entre otras dependencias judiciales, como las unidades de lo Civil, Laboral y Familia, entre otras.