Finanzas Públicas

Comisión aprueba informe de la Ley de los GAD y avanza a segundo debate

La reforma busca que los Gobiernos Autónomos Descentralizados destinen hasta un 70% de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, con un cronograma progresivo hasta 2029 para GAD urbanos y 2030 para parroquiales rurales, asegurando control y rendición de cuentas.

La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno aprobó este martes el informe para segundo debate del proyecto de ley económica urgente para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, conocido como Ley de los GAD, impulsado por el presidente Daniel Noboa.

El proyecto, presentado por el presidente Daniel Noboa el 28 de enero de 2026, busca que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) destinen un mayor porcentaje de sus recursos a la inversión pública, utilizando los fondos que reciben del Gobierno central en su presupuesto anual. 

La reforma agrega un artículo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), con el objetivo de garantizar que al menos el 70% del presupuesto institucional anual se dirija a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos.

La propuesta establece un incremento progresivo de la inversión para los GAD urbanos hasta 2029: 60% en 2027, 65% en 2028 y 70% a partir de 2029. Para los GAD Parroquiales Rurales, se aplicará un cronograma diferenciado: 50% en 2027, 55% en 2028, 65% en 2029 y 70% desde 2030 en adelante.

Según el Gobierno, la reforma "establece una regla clara y verificable para que los GAD cumplan con su obligación de invertir en infraestructura y servicios públicos, asegurando trazabilidad, control y rendición de cuentas". Durante la firma de convenios entre la AME y los municipios, varios alcaldes de Ecuador habían reclamado retrasos en las asignaciones de recursos, lo que refuerza la necesidad de la norma.

Con la aprobación del informe en comisión, el proyecto pasará ahora al segundo debate en la Asamblea Nacional, consolidando un paso importante para que los GAD cuenten con mecanismos más eficientes y responsables para el manejo de los recursos públicos.