Comisión cívica independiente vigilará el proceso de selección del nuevo Fiscal General
En declaraciones a NotiMundo Estelar, Guadalupe Fierro, vocera de la Comisión Ciudadana para el Concurso de Fiscal, destacó que esta iniciativa representa un avance hacia una mayor rendición de cuentas y fortalece el ejercicio de la democracia participativa en el país.
Fierro subrayó que la elección del nuevo titular de la Fiscalía ha despertado un alto interés tanto político como social, lo cual exige un proceso transparente. Señaló que la ciudadanía sigue con atención cada fase del concurso y que se han implementado mecanismos de vigilancia para evitar que la selección sea capturada por intereses partidistas.
Este esfuerzo, afirmó, busca recuperar la confianza pública en una institución clave para la administración de justicia en Ecuador.
Asimismo, explicó que la comisión tiene como objetivo monitorear el desarrollo del proceso y garantizar que se respete la legalidad y la ética en cada etapa. Según Fierro, la creación de este espacio responde a la necesidad ciudadana de involucrarse activamente en procesos históricamente marcados por la opacidad y la falta de control.
Uno de los puntos más controvertidos es el reglamento que rige el concurso. Fierro advirtió que este ha generado múltiples cuestionamientos y requiere ser revisado.
"La normativa debe ser adecuada para atraer a los mejores perfiles", afirmó, y agregó que un marco legal más claro y exigente es fundamental para asegurar que los aspirantes cumplan con los estándares que exige el cargo.
La comisión, que se presentó oficialmente en Quito el pasado 3 de junio, busca ejercer una vigilancia externa, técnica y ciudadana sobre el proceso.
Durante el acto de lanzamiento, Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, explicó: "La intención es acompañar el concurso desde afuera, levantar alertas y promover el debate público".
Entre las instituciones que integran esta comisión están la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), la Universidad SEK, la Universidad de los Hemisferios, la Universidad Espíritu Santo, el Colegio de Abogados de Pichincha y la Unión Nacional de Periodistas. La iniciativa también cuenta con el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos.
Otro aspecto crítico es la actual normativa del concurso, que impide postularse a quienes hayan ejercido la defensa técnica en casos vinculados a más de 30 tipos penales en los últimos diez años. Esta cláusula ha sido fuertemente cuestionada por abogados penalistas, quienes argumentan que podría excluir a profesionales con amplia experiencia en litigio penal complejo.
"¿Qué abogado penalista no ha defendido algún delito dentro de ese listado? Esto puede estar direccionado para beneficiar a fiscales, jueces, defensores públicos, o a alguien en particular", advirtió Ocaña, una de las voces más activas en cuestionar el reglamento.
La comisión anunció que emitirá informes periódicos y mantendrá una vigilancia constante sobre cada etapa del proceso, con el objetivo de prevenir irregularidades y asegurar que la designación del nuevo Fiscal General se realice con legitimidad, independencia y transparencia.
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