Comisión de Desarrollo Económico aprueba informe para primer debate de la Ley de Fundaciones
Con ocho votos favorables, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, en Quito, aprobó el pasado miércoles 13 de agosto el informe para el primer debate del cuarto Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, declarado urgente por el Ejecutivo el 29 de julio.
La iniciativa pretende fortalecer la protección del país frente a delitos como lavado de dinero, crimen organizado y evasión fiscal, promoviendo un manejo transparente e íntegro de los recursos por parte de personas naturales, jurídicas y organizaciones sociales sin fines de lucro.
El proyecto crea un marco legal para detectar y prevenir movimientos irregulares de capital, garantizar que las entidades actúen conforme a su naturaleza y fines, mejorar la coordinación institucional y reforzar los sistemas de control, sin vulnerar la libertad de asociación.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) supervisará a las organizaciones, aplicando un sistema de clasificación por niveles de riesgo (bajo, medio y alto) para asignar obligaciones proporcionales. Entre los mecanismos previstos figuran transparencia activa, auditorías internas y externas, controles de debida diligencia, códigos de ética, gestión de conflictos de interés y canales de denuncias.
El proyecto propone además la creación del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, una plataforma digital pública que centralizará datos legales, financieros y operativos de estas entidades. El registro será obligatorio y deberá actualizarse con información veraz y confidencial.
La ley incluye un enfoque basado en riesgos, premiando a las organizaciones que implementen buenas prácticas de integridad con prioridad en programas de cooperación y alianzas. Se aclara que estas medidas no podrán usarse para persecución política ni para restringir la libertad de asociación.
La urgencia de la normativa se sustenta en cifras preocupantes: entre 2007 y 2020 se registraron más de 22.600 millones de dólares movilizados sin justificación en el sistema financiero, y solo en los primeros cinco meses de 2025, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó transacciones sospechosas por 600 millones de dólares.
Con la aprobación de esta ley, Ecuador busca impedir el uso indebido de las organizaciones sociales para lavado de dinero, reforzar la supervisión y transparencia en los fondos, proteger el sistema financiero y la seguridad nacional, y restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.