Con seis votos a favor, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional aprobó este lunes 4 de agosto un informe que recomienda al Pleno continuar con el proceso de juicio político en contra de Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. El documento señala un presunto incumplimiento de funciones, en base a artículos del Código Orgánico de la Función Judicial y el Reglamento de Sesiones del Pleno del CJ.
El proceso fue impulsado por el legislador Fernando Jaramillo (ADN), quien cuestionó, entre otras acciones, la decisión de Goyes de retirarse de una sesión clave en la que se debía aprobar un reglamento para la designación de jueces constitucionales. Según la comisión, esta conducta responde a una falta de probidad y ha generado retrasos en decisiones trascendentales para el sistema judicial, especialmente en la lucha contra la delincuencia organizada.
Además, se le acusa de inasistencias reiteradas a convocatorias del Pleno del CJ, lo que habría afectado el funcionamiento de la entidad.
En respuesta, la vocal emitió un comunicado donde calificó al proceso como infundado y motivado por razones políticas. Aseguró que, durante su gestión de 17 meses, promovió reformas importantes para fortalecer la justicia, pero que muchas de sus propuestas fueron desestimadas o archivadas. También defendió su actuación en la sesión cuestionada, señalando que notificó su salida y retorno conforme a los procedimientos internos.
Goyes anunció que acudirá al Pleno de la Asamblea para ejercer su defensa: "Mientras se castiga a quienes trabajamos y se protege a los que no cumplen su rol, las instituciones seguirán funcionando al revés", afirmó.
Ahora, la decisión queda en manos del Legislativo, que deberá votar si procede o no con la censura y destitución de la vocal.
