Fiscalización legislativa
La Asamblea Nacional iniciará un proceso de fiscalización a la gestión del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por la compra de 60 trolebuses eléctricos. La moción aprobada fue presentada por el asambleísta Xavier Ordóñez, de ADN, quien sustentó su pedido en un informe de la Contraloría que advierte un posible perjuicio económico de USD 2.5 millones para el Municipio de Quito. El documento señala que, pese a tratarse de bienes estandarizados, la compra no se realizó mediante subasta inversa, como lo recomendaba el Servicio Nacional de Contratación Pública.
En lugar de ese procedimiento, la administración municipal optó por un convenio de cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), lo que, a criterio de Ordóñez, habría permitido evitar controles de la contratación pública.
Otto Vera, asambleísta del Partido Social Cristiano, fue uno de los 68 legisladores que votaron en contra de la moción de Ordóñez. Aclaró que postura no es contraria a una fiscalización, sino que, enfatizó, la Asamblea Nacional no tiene facultades para realizar un control político a Gobiernos Autónomos Descentralizados.
La fiscalización de autoridades locales, dijo, recae exclusivamente sobre los Concejos Metropolitanos. Es decir, más allá de una intención del asambleísta Ordóñez, el proceso contra Pabel Muñoz no podría derivar en una censura o destitución.
"Cada quien tiene que ocupar su función. Tenemos que construir leyes y, sí, fiscalizar, pero hacerlo en el marco de las facultades que nos da la Constitución", dijo.
Según Vera, lo que estaría facultado a hacer el asambleísta Ordóñez es una investigación por su cuenta para, en un eventual caso de que las irregularidades avancen al campo penal, pueda aportar con pruebas recabadas de su propia indagación.
Por otro lado, consideró importante no apartar la mirada sobre el juicio político a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. El plazo para recibir las pruebas de cargo y descargo corre ya en la Comisión de Fiscalización, mientras, según Verá, la expectativa era que el interpelado renuncie.
"No puede que alguien que haya defendido a un criminal o un narcotraficante probado, mañana tenga la posibilidad de dirigir la Judicatura", insistió.
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