Reforma constitucional
El referendo para decidir el regreso de las bases militares extranjeras al país sería a finales de este año, reveló el presidente Daniel Noboa.
En una entrevista con un medio italiano, el Primer Mandatario no solo se refirió a la antigua infraestructura instalada en Manta, sino también al eventual apoyo de países de la Unión Europea para mejorar el control marítimo del narcotráfico y la minería ilegal. Anteriormente, Noboa dijo haber mantenido conversaciones con tres países que tienen intereses de incorporar bases militares en Ecuador.
De acuerdo con el abogado constitucionalista, André Benavides, existe una serie de precisiones que hacer al respecto del anuncio del Presidente Noboa. Una de ellas es que, cuando la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la propuesta de reforma, debió incluir los considerandos y, lo más importante, la pregunta del referendo.
Esto significa que, el proyecto fue remitido a la Corte Constitucional donde, en caso de que la Legislatura no haya aprobado la pregunta de la consulta popular, habría incumplido los plazos establecidos. Esto, al recordar que la Asamblea aprobó la reforma el pasado 3 de junio y, en este caso, ya no depende del Ejecutivo.
"Hablar de tiempos o plazos, estos ya se han cumplido y están fenecidos", dijo.
De acuerdo con Benavides, existen varios factores que confluyen en el escenario jurídico-político. Explicó que, la Corte Constitucional cuenta con 20 días para pronunciarse en torno a una propuesta de reforma constitucional. Sin embargo, este plazo no se ha respetado en algunos casos.
Una reforma que no tendría efectos inmediatos
Si bien la iniciativa del Gobierno de regresar las bases militares extranjeras es una alternativa más al combate al crimen organizado, Benavides precisó que sus efectos no serían tan inmediatos como manifiestan las autoridades. Detrás de su ejecución, existen una serie de pasos que, dijo, deben cumplirse de manera obligatoria.
El jurista explicó que, en caso de que entre en vigencia la reforma, los países implicados deberán suscribir un instrumento legal. Luego, debería pasar a un proceso de negociación, inscripción y aprobación de la Corte Constitucional. Algo para lo que, hasta el momento, no existe jurisprudencia histórica por parte de los magistrados.
Además, deberán plantearse lineamientos para la conducta y beneficios que tendrán los militares extranjeros. Es decir, medir el grado de responsabilidad que tengan sus acciones en Ecuador, la capacidad de ser juzgados por jueces del país, o restricciones en el uso de armamento.
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