Corte Constitucional admite a trámite demanda de Unidad Popular contra la Ley de Integridad Pública
La Corte Constitucional del Ecuador dio luz verde para iniciar el análisis de fondo a la demanda presentada por Unidad Popular contra la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), una de las reformas estructurales promovidas por la administración de Daniel Noboa.
Los representantes políticos, entre ellos Geovanni Atarihuana y Natasha Rojas, alegan que la ley vulnera derechos laborales, económicos y sociales al haber sido tramitada como proyecto económico urgente, lo que rompió el principio de unidad de materia y dispersó cambios en varios cuerpos legales sin coherencia.
Entre las principales críticas destacan la eliminación de la estabilidad laboral para nombramientos provisionales, la posibilidad de expropiaciones inmediatas sin un proceso judicial justo, el endurecimiento de sanciones para adolescentes infractores y la transformación obligatoria de cooperativas en sociedades anónimas bajo control estatal.
Aunque la Corte rechazó la solicitud de medidas cautelares por falta de evidencia sobre daños urgentes, la admisión del caso abre el camino para que se revisen y posiblemente se anulen artículos de la norma. Las autoridades legislativas y ejecutivas tienen 15 días para presentar sus argumentos, mientras que la ciudadanía podrá seguir el avance del proceso a través de los canales oficiales del tribunal.
