Quito

Demanda de inconstitucionalidad contra reformas al Cootad: "estamos a puertas de una bomba de tiempo", dice concejal Campaña

La Corte Constitucional admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad contra la reforma del COOTAD, presentada por el concejal de Quito, Andrés Campaña.

La jueza Claudia Salgado aceptó el recurso, que busca dejar sin efecto la aplicación de las reformas al aprobadas a la Ley Orgánica de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que obligan a destinar el 70% del presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a obra pública y el 30% a gasto corriente.

En NotiMundo al Día, el concejal Andrés Campaña, explicó que, más allá de la "violación" a la autonomía de los GAD, lo que motivó a presentar la acción de inconstitucionalidad es el carácter "lesivo" contra los servicios públicos y proyectos sociales que benefician, principalmente, a los grupos más vulnerables

En el caso de los adultos mayores, por ejemplo, la Ley pondría en riesgo la continuidad de los talleristas del programa '60 y Piquito', afirmó Campaña. 

El edil lamentó que la jueza Salgado no haya dado paso a las medidas cautelares solicitadas en la demanda, como la suspensión inmediata de los efectos de la ley. 

"La ley ya está generando inconvenientes, como la imposibilidad de que el Municipio de Quito financie, con USD 150 mil, la procesión Jesús del Gran Poder, o que ya no pueda organizar la Feria Internacional del Libro", apuntó. 

A su criterio, una de las motivaciones de la ley, presentada por el presidente Daniel Noboa, era limitar la capacidad de los GAD y que el Gobierno sea el que ejecute los proyectos. "Ojalá las haga bien, aunque en lo personal tengo mis dudas", acotó.

Para Campaña, "estamos a puertas de una bomba de tiempo". Esto debido a que el Municipio transfiere actualmente USD 122 millones para el funcionamiento del Metro y el resto del sistema de transporte municipal, pero con la normativa, quedará imposibilitado de hacerlo. 

El concejal recordó que la jueza otorgó un plazo de 15 días para que la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Economía y Finanzas para pronunciarse dentro de la causa. "Esperamos que en los próximos 3 o 6 meses, tengamos una sentencia que declare la inconstitucionalidad de las reformas de esta ley", sentenció.

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