El presidente Daniel Noboa vetó totalmente, desde el Vaticano, el proyecto de ley que pretendía la entrega de un dólar por barril de petróleo industrializado para Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos.
La propuesta fue aprobada por la Asamblea Nacional en la sesión realizada el 26 de marzo en Esmeraldas, en solidaridad por el derrame petrolero en esa provincia, pero que el Gobierno denunció que terminó en "farra" de parte de ciertos legisladores.
La aplicación de este proyecto implicaba, según el Ejecutivo, un impacto de USD 53 millones al Presupuesto General del Estado y, por lo tanto, generaba una falta de sostenibilidad fiscal.
Este es el proyecto de ley número 17 aprobado por el Legislativo, pero que recibe el veto total desde la función Ejecutiva durante el actual Gobierno.
¿Qué argumenta el Ejecutivo en su veto?
El Ejecutivo señala que en la propuesta de la Asamblea se confunden los términos "industrialización" y "renta". Así dice el oficio enviado a la presidenta de la Función Legislativa, Viviana Veloz.
Además, el proyecto no habría sido medido ni sustentado con estudios técnicos, económicos y legales e inobserva un dictamen de la Corte Constitucional (CC) que señala que toda ley "debe observar el principio de sostenibilidad fiscal".
Por otro lado, Noboa recuerda que "sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público (...)".
Llamado de atención
El veto total fue firmado el 25 de abril en Ciudad del Vaticano, hacia donde el presidente Daniel Noboa acudió para el funeral del papa Francisco.
Ese mismo día, la Asamblea emitió un comunicado exhortando a Noboa a que no vete la normativa que entregaba recursos a Esmeraldas.
Dicho comunicado llegó a propósito del sismo de 6,1 en Esmeraldas, que afectó a esa localidad el viernes pasado, generando daños materiales y temor en la ciudadanía.
Ese mismo día, la Asamblea emitió un comunicado exhortando a Noboa a que no vete la normativa que entregaba recursos a Esmeraldas.
Dicho comunicado llegó a propósito del sismo de 6,1 en Esmeraldas, que afectó a esa localidad el viernes pasado, generando daños materiales y temor en la ciudadanía.
En el texto de la objeción total se señala que no busca cerrar la puerta al desarrollo de las provincias de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos, ni de ninguna otra, sino abrir un espacio para un debate legislativo más sólido y responsable.
Agrega que sí es un llamado a la Asamblea Nacional, "a fin de que ejerza sus actuaciones de manera responsable y técnica, observando el marco normativo ecuatoriano en materia fiscal".
Fuente: PRIMICIAS