El presidente Daniel Noboa encabezará una "movilización ciudadana" a la Corte Constitucional, en rechazo a la suspensión provisional de varios artículos de las tres leyes impulsadas por el Gobierno. Durante un evento público realizado en Daule, en la provincia del Guayas, el Primer Mandatario se refirió por primera vez al pronunciamiento de los jueces y confirmó su participación en la marcha hacia la Corte la próxima semana.
"No podemos permitir que nueve personas entronadas que ni siquiera quieren aparecer en foto, vienen y nos tiran abajo las leyes que le pueden dar seguridad a cada uno de ustedes", dijo.
En horas de la mañana, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, señaló que la pregunta seis de la consulta popular relacionada al juicio político a jueces de la Corte Constitucional no responde a una retaliación, tras su pronunciamiento, y arremetió contra los magistrados del tribunal. Rovira apuntó a los jueces de la Corte Constitucional por presuntamente abogar por intereses particulares, y consideró que, en la actualidad, se ha convertido en un actor político.
Un llamado a la serenidad
Para el abogado constitucionalista, José Chalco, resulta imprescindible un respeto a la institucionalidad, mientras existen fricciones el Gobierno y la Corte Constitucional. Consideró que, ambos organismos, deben optar por la serenidad y actuar en apego a una "talla de estadista", especialmente al Presidente de la República.
"Hay que salir de una actitud beligerante. No es un tiempo de banderas o ideologías, es una situación jurídica y técnica", dijo.
De acuerdo con Chalco, el hecho de que el Primer Mandatario remita preguntas para una nueva consulta popular no evidencia una ruptura con la Corte Constitucional, debido a que, precisó, esto significa que el Gobierno confía aún en el Tribunal.
Por otro lado, se refirió a la pregunta del referendo acerca de la habilitación para que jueces de la Corte sean sujetos a enjuiciamiento político. Recordó que, los magistrados no están exentos de controles por parte del Estado. En el Código de la Función Judicial, se establece que la Corte Nacional de Justicia, con sus dos terceras partes, puede sancionar a jueces de la CC que incurran en delitos.
Asimismo, la Ley de Garantías Jurisdiccionales, señala las causales de destitución de jueces de la Corte Constitucional que, de igual manera, requiere una votación de las dos terceras partes del organismo.
Por ello, advirtió que otros países como Perú que habilitaron el juicio político para jueces del Tribunal Constitucional recibieron sanciones internacionales, marcando así un precedente.
"La República tiene separación de poderes y la responsabilidad de todos, gobernantes aún más", sostuvo.
La consulta popular en tiempo récord
El Gobierno estima realizar la consulta popular el 30 de noviembre, a diferencia de la fecha tentativa que, inicialmente, apuntaba a diciembre, así lo manifestó la ministra Zaida Rovira. Agregó que, entre hoy y mañana, el Primer Mandatario remitirá las siete preguntas a la Corte Constitucional.
Según Chalco, el Ejecutivo deberá justificar sus tesis en derecho, y el equipo jurídico de la Presidencia de la República alistar sus argumentos para defender la consulta popular. Consideró que el Mandatario no debería "desgastarse" en manifestaciones, sino que deberá concentrar sus esfuerzos en detallar los anexos de las siete preguntas.
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