La nueva Asamblea
El proyecto de ley remitido por el Gobierno a la nueva Asamblea Nacional busca desarticular la economía criminal ligada al conflicto armado interno. De acuerdo con el documento, el Ejecutivo busca establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a construir un marco jurídico nacional para desarticular las economías criminales.
Entre las principales propuestas del proyecto de ley están la calificación de delincuentes como combatientes, distinguiéndolos de la población civil, y permitiendo que las Fuerzas del Orden puedan neutralizarlos. La normativa también faculta al presidente de la República la anticipación de indulto a miembros del Bloque de Seguridad, procesados penalmente por hechos relacionados con el conflicto armado interno, aun cuando se encuentre en etapa de investigación, instrucción o juicio.
Además, propone la tipificación, como delito, a la pertenencia de personas a organizaciones criminales, así como la determinación de prisión preventiva como regla general en delitos contra los bienes y personas protegidos por el derecho internacional humanitario durante el conflicto armado interno.
Garantías a la Fuerza Pública y un proyecto "perfectible"
Para el asambleísta por el oficialismo, Andrés Castillo, una de las propuestas de la ley es el allanamiento sin necesidad de una orden judicial. Esto, al mismo tiempo que se creen judicaturas especializadas en el tratamiento de casos relacionados al conflicto armado interno.
Por otro lado, destacó la importancia de reducir las "garantías" a integrantes de organizaciones criminales, entre las que incluyó la revisión de medidas cautelares que, dijo, "entorpecen" los procesos a implicados en estructuras ilícitas. En esta línea, también se plantea una sanción en contra de reclutadores de adolescentes y menores para pertenecer en bandas delincuenciales.
"En un conflicto armado interno cuando tenemos un enemigo tan violento y virulento, es fundamental otorgar a los miembros de la Fuerza Pública, las garantías suficientes para actuar dentro del procedimiento, evitando excesos", dijo.
Un criterio similar compartió el legislador por el Partido Social Cristiano, Otto Vera, quien resaltó la intención del Gobierno para atacar la economía criminal. Sin embargo, consideró que aún está sujeto a análisis y aspectos a mejorar. Uno de ellos, dijo, es garantizar la separación de funciones del Estado al momento de implementar la figura de prisión preventiva a integrantes de organizaciones criminales, sin un procesamiento por parte de la Fiscalía.
Vera señaló que, esta iniciativa, no deberá afectar el debido proceso y normas constitucionales ya establecidas.
Otra de las observaciones del legislador socialcristiano fue que, si bien la propuesta del gobierno busca atacar la economía criminal, la mayor parte de ella no está bancarizada. Por ello, destacó también la importancia de fortalecer la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) para identificar las transacciones de bienes que evaden controles de las autoridades.
Además, precisó que la creación de judicaturas especializadas en conflicto armado interno implicaría una mayor arrogación de recursos, algo que el Estado no estaría en la capacidad de costear.
"Hay que mejorar la redacción. Nosotros no nos oponemos tácitamente al proyecto, queremos hacer aportes para mejorarlo", sostuvo.
Castillo insistió, además, en que la normativa busca afectar las actividades irregulares, como la minería ilegal que prevalece mayormente en la Amazonía, y así evitar delitos como el testaferrismo.
A este punto, el legislador Vera puntualizó que, más allá de la creación de mayores competencias, las existentes deben ser asumidas con eficiencia.
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