Reformas Ejecutivo
Reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización es una de las propuestas del Ejecutivo, remitida a la Asamblea Nacional con carácter económico urgente. El proyecto plantea una regla fiscal para que los GAD destinen progresivamente un mínimo del 70 % de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos.
Para esto, se propone un régimen de transición gradual: 60 % en 2027, 65 % en 2028 y 70 % desde 2029 en adelante. Además, contempla un tratamiento diferenciado para las juntas parroquiales rurales pequeñas, con plazos más amplios para su implementación.
La iniciativa del Gobierno genera preocupación en las administraciones provinciales como la Prefectura de Pichincha, encabezada por Paola Pabón. En NotiMundo A La Carta, consideró que la propuesta es abiertamente inconstitucional y busca "minar" la autonomía política, administrativa y financiera de los GAD, establecida en el artículo 238 de la Constitución.
Según Pabón, el proyecto contraviene también el artículo 271 de la Carta Magna, relacionado a las asignaciones del Gobierno central a las administraciones locales y su naturaleza automática, oportuna y directa, evitando parámetros de discrecionalidad para la entrega de recursos.
"Se busca generar una lógica de presión, chantaje y control de gobiernos locales", cuestionó.
Una "trampa" identificó la prefecta Pabón en la ley planteada por el Ejecutivo. Explicó que, en la normativa se separa al denominado Grupo 71 de clasificador de presupuesto de los gastos de inversión. En este, se contempla la ejecución de programas, mejorar capacidades sociales. Infraestructura, bienes de uso público, productos intangibles y erogaciones de personal.
Esto quiere decir que, según Pabón, se remueve también de dicho grupo a obreros, ingenieros, operarios, médicos y enfermeras de Pichincha Humana, catalogados como personal de inversión. Además, se retira a la realización de estudios para la ejecución de obras como parte de un gasto de inversión.
"¿Cómo hago obra pública si me están quitando la posibilidad de tener mano de obra y de contratar estudios para hacer la obra pública?", criticó.
Pero los efectos más plausibles en el caso de Pichincha, se evidenciarían en el campo social. De acuerdo con Pabón, existirían afectaciones en el sistema de salud de la provincia por la falta de médicos, odontólogos y enfermeras que participan en ferias de servicio.
En el ámbito deportivo, los 174 profesores que dictan clases en escuelas deportiva no podrían sostenerse al ser removidos de la categoría de personal de inversión.
También existiría un impacto en la gestión contra la violencia de género. Pabón explicó que, bajo el argumento de la propuesta del Ejecutivo, no podrán contratarse más abogados, psicólogos y trabajadores sociales que operan en las Casas Warmi, sitios de acogida de la Prefectura de Pichincha.
"Se está buscando desinstitucionalizar el Estado como se lo hizo en el Gobierno central", insistió.
Pabón cuestionó la narrativa del Ejecutivo en torno a una eficiencia en el gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, argumentando que el efecto sería contraproducente.
"Lo que va a ocasionar es precisamente lo contrario. Que los GAD repleguemos, porque no vamos a poder sostener el personal de inversión que estaba cumpliendo un rol determinado", dijo.
Deuda del Gobierno a los GAD
El Ejecutivo adeuda USD 1.500 millones a Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales, según Paola Pabón. En su caso, el de Pichincha, los montos pendientes se acarrean desde noviembre del año pasado.
Consideró que la propuesta de reforma busca "licuar" USD 1.000 millones de los USD 1.500 de deuda a los GAD.
Para compensar los rubros pendientes del Ejecutivo, dijo, la Prefectura gestionó un crédito con el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de USD 50 millones.
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