Extensos plazos y dictámenes previos de la Corte Constitucional marcarán el trámite "inoficioso" para retirar a ppl de grupos prioritarios
Retirar a privados de la libertad de los grupos de atención prioritaria es la propuesta de enmienda constitucional presentada por el bloque de ADN en la Asamblea Nacional. La iniciativa es impulsada por la legisladora Lucía Pozo, quien consideró que el planteamiento no supone una "regresión de derechos".
El correísmo anticipó que la propuesta será analizada, pero cuestionó la falta de trámite legislativo impulsado desde el Gobierno. Juan Andrés González, jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana, consideró que el Ejecutivo busca desviar la atención de la crítica situación de la salud con planteamientos de enmienda constitucional, pese al rechazo en el referéndum y consulta popular.
Anteriormente, el presidente Daniel Noboa presentó una propuesta similar, pero la Corte Constitucional determinó que la reforma parcial no era la vía correcta para tramitar esta modificación.
De acuerdo con el abogado constitucionalista, André Benavides, la enmienda puede gestionarse por dos caminos: la consulta popular -que no es previsible por los resultados adversos del 16 de noviembre- y un trámite en la Asamblea Nacional. Este proceso podrá impulsarse con la firma de respaldo de 1/3 de los integrantes de la Legislatura, es decir 51 personas. No obstante, el proceso se complicaría al momento de aprobar la enmienda.
El segundo debate para una modificación a la Constitución de este tipo ocurre un año y un mes después de haberse agotado el primer debate del Pleno de la Asamblea Nacional. La complejidad del caso, según Benavides, radica en que luego de este largo periodo, el oficialismo requerirá 2/3 de los votos de respaldo para aprobar la propuesta, algo que no tiene, incluso sin enfrentar un desgaste político evidente. Sin embargo, en un eventual caso que la enmienda pase todas las etapas, entraría en vigencia en el 2027.
Otro de los puntos a considerar, de acuerdo con Benavides, es el filtro de la Corte Constitucional que, anteriormente, negó una propuesta similar al presidente Daniel Noboa que, esa vez, buscó retirar a privados de la libertad de los grupos prioritarios vía reforma parcial. El jurista señaló que un resultado fallido por parte del Gobierno es previsible en cuanto la jurisprudencia que sentó como precedente la propia Corte.
"Sabes que la Corte, al momento que le golpees la puerta con esta enmienda, te va a cerrar la puerta en la cara (...) se sabe cuál será el resultado. Parece inoficioso seguir intentando en aquello", enfatizó.
Además, Benavides cuestionó que desde el Gobierno no se impulsen enmiendas que serían de mayor urgencia para frenar la corrupción y el crimen organizado. Entre ellas, eliminar la imprescriptibilidad del delito de delincuencia organizada y permitir el juzgamiento en ausencia.
Para ello, dijo, el Ejecutivo deberá apuntar a dos pilares: diálogo y articulación. Señaló que será necesaria la intervención del Secretario Jurídico de la Presidencia, la Ministra de Gobierno, el Presidente de la Legislatura y el bloque del oficialismo para armar una hoja de ruta, y saber con qué fuerzas políticas se puede conversar para llegar a acuerdos.
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