Incumplimiento de sentencia dejaría instituciones descabezadas y autoridades destituidas, alerta expresidente de la Judicatura
El pronunciamiento llegó días después de que se conoció que dos de los integrantes de la lista registraban impedimentos para ejercer cargos públicos. Ellos son María Fernanda Morejón y Óscar Chamorro, mientras que la única aspirante en pie es la jueza Mercedes Caicedo.
El titular del organismo, Andrés Fantoni, desconoció la decisión judicial que concedió el habeas data a la vocal suplente Alexandra Villacís, y señaló que el CPCCS no tiene cabida ni responsabilidad en esta situación.
La consejera Nicole Bonifaz cuestionó que el Consejo no haya reconocido la rectificación de la inhabilidad de Alexandra Villacís. Esta corrección, insistió, dejaría sin efecto la designación de uno de los vocales, y restaría solo el nombramiento del vocal titular.
En NotiMundo al Día, Álvaro Román, expresidente de la Judicatura, explicó que, luego de que Mario Godoy fuera destituido del cargo, a Villacís le correspondía asumir la titularidad de la presidencia del CJ.
Recordó, además, que el Art. 262 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que presidirá el CJ el representante de la CNJ.
"Godoy era representante de la Corte, y Villacís era la suplente", insistió Román.
Añadió que esto se complementa con una sentencia de la Corte Constitucional (CC), tras una acción de protección que él presentó para asumir la presidencia del CJ, luego de que el Pleno designara a Fausto Murillo, en lugar de él como presidente encargado, por har sido vocal suplente de María del Carmen Maldonado, quien había renunciado al cargo.
"La CC dijo que yo debía ocupar siempre la suplencia, porque venía de la terna de la Fiscalía. Pero si venía de la terna de la CNJ, debía ser titular. No entiendo por qué nos entrampamos en esto", cuestionó.
Román criticó que, más de 48 horas después de que se falle a favor de Villacís, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, no haya rectificado el supuesto impedimento que no le permitía asumir el cargo.
"Si el ministro no está acatando la decisión judicial, está cometiendo un delito de mera actividad, que es el incumplimiento de la orden de una autoridad competente", sostuvo.
El problema, dijo, es que para establecer este incumplimiento, debe ser declarado por la CC, que destituirá al funcionario y remitirá el caso a la Fiscalía para que se inicie el juicio penal.
"Debe haber una declaratoria previa de la CC, tras una demanda de incumplimiento de la jueza que dictó el habeas data", aclaró.
Además, alertó que Damián Larco también estaría cometiendo el delito de mera actividad, por arrogarse funciones que le corresponden a Villacís.
Finalmente, afirmó que Fantoni sí tiene conocimiento y competencia en este caso, por lo que también podría enfrentar consecuencias por insistir en el proceso de selección que lleva adelante.
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