Presunta asociación ilícita

Juez del caso Ligados intentó "lavarse las manos" con el pedido para levantar la inmunidad de Esther Cuesta, apunta Otto Vera

El Pleno de la Asamblea Nacional declaró improcedente y devolver el pedido realizado por Hernán Barros, conjuez Nacional de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia, en el que solicita que la Legislatura se pronuncie sobre el enjuiciamiento penal de la exasambleísta Esther Cuesta, de la Revolución Ciudadana.

27 Mayo de 2025
Esther Cuesta podría ser vinculada al caso Ligados.
Esther Cuesta podría ser vinculada al caso Ligados. Foto: Asamblea Flickr

La Fiscalía busca vincular a Esther Cuesta al denominado caso Ligados, donde se investiga una presunta red de asociación ilícita vinculada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y, este martes 27 de mayo, la Asamblea declaró la improcedencia para tratar el pedido, debido a que Cuesta ya no ejercer funciones como legisladora.

En la moción, planteada por la asambleísta Esperanza Rogel, el legislador por el Partido Social Cristiano, Otto Vera, votó en abstención. Esto, debido a que, dijo, existe un "error" en la resolución adoptada en el Pleno. Explicó que, si bien el pedido del juez fue improcedente, la postura de la Legislatura podría incurrir en una eventual interferencia en la justicia.

De acuerdo Con Vera, la forma en la que se presentó la moción fue confusa y ambigua, sin embargo, no escondía "malas intenciones". Incluso, consideró que el juez del caso Ligados cometió un "error de buena fe", al involucrar a la Asamblea Nacional en un procesamiento que depende ahora netamente de las autoridades judiciales.

"El juez quiso lanzar la pelotita, pero a la cancha equivocada. Pienso que el juez no quiso asumir toda la responsabilidad, puede procesar y vincular lavándose las manos", dijo

Un nuevo proyecto de ley; el PSC no será "obstáculo para nadie"

El Gobierno presentó el segundo proyecto de ley calificado como urgente en materia económica. Se trata de una iniciativa denominada como Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública. El documento, ingresado por el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, busca optimizar el desarrollo sostenible y equitativo, erradicar la corrupción en compras públicas, mejorar la eficiencia del sector público, y fortalecer el tejido social, financiero y económico.

La normativa deberá ser conocida por el Consejo de Administración Legislativa, el cual es el encargado de determinar la Comisión en la que se tratará el proyecto.

Según Vera, el nuevo proyecto de ley remitido por el Ejecutivo fortalecería la libertad para la competencia de organismos que pugnan en el Servicio de Contratación Pública. Si bien, no anticipó una postura de la organización política, precisó que el PSC no será un "obstáculo para nadie".

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