La privatización de áreas protegidas "sigue camuflada" en la nueva ley del Gobierno; Mariana Yumbay insiste en su rechazo a la normativa
A las 14h00 de este jueves 10 de julio, el Pleno de la Asamblea tratará, en segundo y definitivo debate, la Ley de Áreas Protegidas. Entre las principales propuestas aprobadas en el documento tramitado por la Comisión de Desarrollo Económico, está la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, un organismo técnico, autónomo y especializado, encargado de regular, controlar y sancionar, bajo la rectoría de la Autoridad Ambiental Nacional.
El proyecto ratificó también la prohibición de actividades extractivas en todas las áreas protegidas, no solo en territorios de comunidades indígenas. Además, se planteó la restricción del ingreso militar a territorios indígenas, a excepción de reportarse la presencia de grupos armados organizados.
La postura contraria de Pachakutik previo al segundo debate, según Mariana Yumbay, es firme. De acuerdo con la asambleísta, la normativa impulsada por el Gobierno no ha sufrido mayores cambios, sino que se implementó una serie de "parches". Cuestionó que, pese a las alertas desde las distintas bancadas y diversos sectores, la posibilidad de una privatización sigue presente.
Puntualizó que, en el Artículo 4 del proyecto, se deja abierta la puerta a mecanismos de administración que sean entregados mediante procesos contractuales a privados. A esto, dijo, se suma un planteamiento para permitir la construcción de infraestructura en áreas protegidas. Algo que, lamentó, se opone al discurso de sostenibilidad manejado por el oficialismo.
"La privatización está totalmente camuflada. No tienen el objeto de sostenibilidad ambiental", cuestionó.
Otro de los señalamientos, de acuerdo con Yumbay, es que la normativa no guarda el principio de unidad de materia, e incluye reformas a la jubilación voluntaria y una remisión de intereses a deudores de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Recordó que, en manos de la Corte Constitucional, existen ya una decena de demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Inteligencia, ambas impulsadas por el Gobierno.
"No les interesa la protección, la conservación y el cuidado de la naturaleza, sino cómo sacar recursos económicos y entregar a las manos privadas", enfatizó.
Yumbay adelantó que, de su lado, votará en contra de la propuesta, y se espera una postura similar de los otros dos legisladores de Pachakutik que votan conforme a los principios del movimiento político. Por otro lado, se deslindó de la responsabilidad de los otros seis 'rebeldes' que se han mostrado cercanos al oficialismo.
"Desafortunadamente, seis se han alejado de los verdaderos principios y la lucha del proyecto político que siempre hemos buscado", sostuvo.
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