La reclasificación de los presos es una prioridad para la transformación del sistema penitenciario, insiste asambleísta Inés Alarcón
"Aislamos a los cabecillas, cortamos sus comunicaciones, fortalecemos la seguridad y devolvemos al Estado el control que nunca debió perderse", sostiene la bancada de ADN.
En NotiMundo al Día, la legisladora Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, sostuvo que contar con un marco normativo permitirá construir políticas públicas para mejorar la vida de los ecuatorianos.
También destacó la voluntad política que existe desde el Gobierno para dar solución a los problemas que se registran en los centros penitenciarios. Antes de la declaratoria del Conflicto Armado Interno -dijo Alarcón- existían lujos y comodidades en las cárceles, además de un completo control de las organizaciones criminales.
"Después de la intervención militar, el Estado puede decir que tiene control de las cárceles, aunque no absoluto, porque toma tiempo llevar a cabo todas las acciones para quitar todo lo que se ha venido infiltrando en los centros penitenciarios", apuntó.
Recordó que en las cárceles no solo existen problemas de hacinamiento o de temas administrativos, sino de una cooptación total. Por eso, agregó, que además de tener el control, se debe tener una hoja de ruta definida y un marco normativo que permita actuar a las fuerzas del orden.
Con la Ley de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, se establecen algunos ejes para cambiar la realidad de los reclusorios.
La normativa contempla un plazo de 36 meses para que el Ministerio del Interior genere la política pública dentro de los centros penitenciarios.
Sin embargo, precisó que antes debe darse una correcta reclasificación de los presos, según parámetros de la inteligencia penitenciaria, como el nivel de peligrosidad o el riesgo de fuga.
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